El Marco de Acción Nacional sale a audiencia pública con 200 millones para corredores de alta potencia y la vista puesta en 5,5 millones de eléctricos en 2030
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) han lanzado a audiencia pública el Marco de Acción Nacional (MAN), el plan que detalla cómo España cumplirá el Reglamento europeo AFIR sobre infraestructura para combustibles alternativos. El documento, remitido también a la Comisión Europea, constata que el país cuenta ya con 42.318 puntos de recarga de acceso público, una potencia nominal total de 2.269.170 kW. Esa cifra multiplica por 2,66 el mínimo exigido por la normativa europea para el parque actual de vehículos electrificados ligeros.
El MAN no se limita a certificar el avance. Fija como prioridad estructural aumentar la potencia disponible para los usuarios, con cobertura de alta capacidad en las principales vías. El objetivo final es acompañar la meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC): 5,5 millones de vehículos electrificados de todas las categorías en 2030. La electrificación del transporte es clave para la descarbonización porque ese sector concentra el 42% del consumo final de energía y el 32,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España.
MOVES Corredores y las nuevas exigencias a las estaciones de servicio
Para cumplir las metas en la red básica y global de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), el Ejecutivo activa el programa MOVES Corredores, dotado con 200 millones de euros para instalaciones de al menos 300 kW de potencia agregada. A esa palanca se suman obligaciones regulatorias. Las estaciones de servicio con ventas superiores a 10 millones de litros deberán instalar recarga de al menos 400 kW, exigencia que subirá a 600 kW a partir de 2027. En aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas se exige un punto por cada 40 plazas, ratio que se aprieta a uno por cada 20 en edificios de la Administración General del Estado.
El plan también aprieta a los ayuntamientos. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) obligan a los municipios de más de 50.000 habitantes a fijar objetivos anuales de despliegue de recarga dentro y fuera de sus perímetros. Para el conductor, se ha activado el mapa REVE estatal, que permite consultar en tiempo real disponibilidad y precio de unos 44.700 puntos, y avanza la señalización homogénea con pictogramas en la Red de Carreteras del Estado.
3.000 millones desde 2019 y un Plan Auto+ de 400 millones
El esfuerzo inversor acumulado desde 2019 supera los 3.000 millones de euros a través del ecosistema de ayudas MOVES. Para sostener la demanda se ha aprobado el Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones para la compra de vehículos electrificados de producción europea y nacional, y se acaba de lanzar un nuevo MOVES. A esa inyección se añade una partida de 150 millones procedentes de fondos FEDER para infraestructura de recarga, cuya tramitación acaba de iniciarse. El esquema fiscal incluye deducciones del 15% en el IRPF para particulares, libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para empresas y facultades para que los ayuntamientos rebajen el IBI o el ICIO.
El transporte de mercancías aparece como el flanco más difícil. El MAN identifica el reto de adoptar vehículos eléctricos pesados en un sector muy fragmentado y dominado por microempresas. La respuesta prevista pasa por Zonas de Estacionamiento Seguras y Protegidas (ZESP), diez de ellas ya certificadas en la RTE-T, y por futuras líneas de ayuda para renovar flotas e instalar recarga en depósitos privados y públicos.
Los puertos, ante el reto de apagar motores en muelle
El segundo bloque estratégico del MAN aborda la reducción de emisiones en los sectores marítimo, aeroportuario y ferroviario. En puertos, la meta es que los buques apaguen sus motores auxiliares durante su estancia en muelle mediante suministro eléctrico (OPS). El MAN identifica 26 puertos obligados por el reglamento europeo y proyecta alcanzar una potencia eléctrica instalada de 919 MW en 2030, para cubrir al menos el 90% de las escalas de portacontenedores y buques de pasaje de más de 5.000 toneladas. El sistema portuario contaba con 200 MW instalados en 2024, por lo que hará falta llegar a 1,1 GW totales para atender esas obligaciones y las nuevas actividades portuarias. Para incentivar el uso se aplicará una bonificación del 50% en la tasa del buque y un tipo reducido en el impuesto eléctrico.
El plan de empresa de Puertos del Estado contempla una inversión de 778,7 millones de euros para el periodo 2025-2029. Ese marco financiero es la referencia para impulsar la electrificación portuaria y adaptar las infraestructuras a los combustibles alternativos. El volumen de recursos permite estructurar y acelerar las actuaciones en el sistema portuario estatal, incluyendo nuevas capacidades energéticas y la adecuación operativa a los requisitos de descarbonización.
El texto fuente se interrumpe en ese punto, por lo que no constan los detalles restantes del apartado aeroportuario y ferroviario ni el cierre del documento.
