La jueza de la Audiencia Nacional solicita al juez local que valore inhibirse si hay solapamiento en las diligencias abiertas contra Miguel Ángel Pérez
La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha solicitado al juez número 6 de Ceuta que analice si inhibirse en la investigación sobre el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez. La petición, formalizada en una resolución del pasado viernes, busca evitar duplicidades en las actuaciones si los hechos investigados coinciden con los que ya tramita Tardón.
El juez local abrió diligencias previas contra Pérez el pasado 1 de septiembre, tras una denuncia de Manos Limpias y Hazte Oír que alega que el delegado no actuó pese a conocer por el CNI la posible avalancha migratoria. El jefe de gabinete de Pérez dimitió la semana pasada tras insistir en que sí transmitió los avisos recibidos, aunque sin aportar pruebas documentales.
La investigación de Tardón se enmarca en el procedimiento abierto por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 27 de agosto, que dejó más de 2.000 personas en la ciudad autónoma. La jueza ya investiga posibles responsabilidades penales por presunta omisión de medidas para evitar el colapso humanitario y material.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ocupa el cargo desde 2023 y depende directamente del Ministerio del Interior. Su competencia incluye la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado en la ciudad, así como la gestión de emergencias y la respuesta a situaciones de crisis como la vivida en agosto. La denuncia que desencadenó las diligencias previas se basa en la teoría de que Pérez recibió información anticipada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el riesgo de una nueva irrupción migratoria, pero no adoptó medidas preventivas.
La solicitud de inhibición de Tardón podría acelerar la unificación de las investigaciones. Si el juez local considera que los hechos coinciden con los ya en curso en la Audiencia Nacional, derivaría el caso a Madrid, donde la jueza tiene mayor capacidad para coordinar con otras instituciones como el CNI o el Ministerio del Interior. Hasta ahora, las diligencias previas en Ceuta se centran en la posible responsabilidad individual de Pérez, mientras que la investigación de Tardón abarca un ámbito más amplio, incluyendo la coordinación entre administraciones.
