Antoni Vera presenta propuestas para actualizar sexenios y tutorías en la negociación del nuevo acuerdo educativo
Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades de Baleares, ha anunciado este lunes la propuesta de reducir la jornada lectiva del profesorado de la enseñanza concertada a 23 horas semanales en secundaria y bachillerato y 25 en primaria, como primer paso para equiparar sus condiciones con las de la enseñanza pública. Las medidas, presentadas en rueda de prensa, incluyen también la actualización de complementos por sexenios y tutorías, además de añadir una hora lectiva específica para los tutores.
La iniciativa forma parte de la negociación del nuevo acuerdo educativo para centros concertados, donde el Govern balear busca un pacto «posibilista» que trascienda la actual legislatura y sea asumible por el futuro equipo autonómico, independientemente de su signo político. Vera subrayó que las propuestas buscan cerrar brechas históricas: los docentes concertados trabajan actualmente con 28 horas semanales en secundaria y 30 en primaria, según datos del departamento.
El proceso de negociación continuará con las patronales de la enseñanza concertada —como la Federación de Centros de Enseñanza de Baleares (FCEB)— y los sindicatos, que ya han mostrado escepticismo en el pasado ante avances similares. La última negociación de este tipo, en 2020, quedó truncada por desacuerdos sobre financiación y plantillas. Esta vez, el Govern insiste en que el acuerdo debe ser «concreto y no ambiguo» para evitar su paralización en futuras legislaturas.
Las medidas, si se aprueban, afectarían directamente a unos 12.000 docentes concertados en Baleares, según estimaciones de la Conselleria. La equiparación con la pública —que tiene una jornada de 20 horas en secundaria y 25 en primaria— responde a una demanda histórica de los sindicatos, aunque las patronales alertan de que podría derivar en aumentos de costes para los centros si no se compensa con más financiación.
El plazo para cerrar el acuerdo no está definido, pero el Govern balear apuesta por un texto que pueda aplicarse antes de las elecciones autonómicas de 2027, evitando así su bloqueo por cambios políticos. La última vez que se renovó un convenio similar fue en 2020, y su vigencia expiró en 2023 sin renovación.
