Los expedientes oficiales desmienten el reparto a dedo: siete proveedores y una cadena técnica previa avalan las adjudicaciones
El consejo de gobierno de Ceuta adjudicó dos contratos de emergencia por valor de 5,7 millones de euros para ampliar plazas de alojamiento de menores no acompañados. La decisión se tomó la semana pasada, mientras Pedro Sánchez presionaba para que la ciudad asumiera su competencia en el acogimiento. Los expedientes oficiales desmienten que el reparto se hiciera a dedo.
La capacidad ordinaria de Ceuta está fijada en 29 menores extranjeros no acompañados. La reforma de la Ley de Extranjería obliga al Gobierno central a declarar la contingencia migratoria al triplicar ese umbral, hasta 87. Antes del asalto masivo de los días 30 y 31 de julio, la ciudad ya acogía a unos 180 menores, según su presidente, Juan Jesús Vivas. En la semana previa, las llegadas por mar elevaron la cifra hasta unos 800. Tras la avalancha, se alcanzaron casi 3.000.
La tramitación de emergencia habilitó una capacidad estimada de 2.850 plazas de acogida. La documentación cifra en 8.813.007,37 euros un plan de respuesta inmediata. Las dos adjudicaciones forman parte de siete actuaciones con siete proveedores para obras, módulos, carpas, literas, climatización y adaptación de inmuebles. Absercon recibió la propuesta para adecuar seis naves por 3.267.698,08 euros. F. Doncel fue propuesta para suministrar módulos sanitarios, comedores, climatización y aerotermia por 2.483.175 euros.
El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite contratar libremente lo indispensable ante una situación de grave peligro. Los informes técnicos justifican las selecciones por disponibilidad inmediata, capacidad de fabricación, transporte a Ceuta y medios de montaje. La técnico del Área de Menores certificó que el sistema atendía a más de 1.356 menores y que los recursos ordinarios eran insuficientes. Advirtió de riesgos concretos: accidentes, incendios, fugas, problemas sanitarios y falta de higiene o ventilación.
Los informes acreditan que ni Vivas ni su equipo seleccionaron personalmente a las empresas señaladas. Reflejan una cadena técnica previa con informes del Área de Menores, del ingeniero responsable, de Contratación y de la Intervención General. El parentesco invocado por las informaciones acusatorias no prueba influencia ni trato de favor. Para sostener esa acusación habría que acreditar que un supuesto familiar intervino, firmó, informó o condicionó la decisión, algo que no consta.
La controversia se produce en plena confrontación entre Moncloa y el Gobierno de Vivas. El Ejecutivo ceutí sostiene que Sánchez ha dejado sola a la ciudad y que pretende convertir una emergencia fronteriza en una carga estable para una población de poco más de 80.000 habitantes. El presidente ceutí denuncia además una política de sumisión ante Rabat. Considera que el Gobierno central evita exigir responsabilidades a Marruecos por los asaltos.
