El Ejecutivo busca cerrar un texto antes de fin de año, pero socios y oposición bloquean medidas clave como la moratoria de desahucios y la regulación de pisos turísticos
El Ministerio de Vivienda presiona para llevar el decreto de alquileres al Consejo de Ministros antes de fin de año, pero los vetos cruzados entre socios y grupos de oposición lo retrasan. Junts y ERC exigen cambios en medidas clave, como la moratoria de desahucios y la regulación de pisos turísticos, mientras el PSOE insiste en que ya ha recogido propuestas de los grupos.
El principal escollo es Junts, que rechaza la prórroga reforzada de alquileres —que beneficiaría a 1,5 millones de hogares— y exige incluir la subida del IVA al 21% para pisos turísticos. ERC, por su parte, culpa al PSOE de frenar el acuerdo al no aceptar gravar la especulación inmobiliaria. Desde el Gobierno, sin embargo, aseguran que «hemos recogido iniciativas de los grupos» y que seguirán negociando.
El decreto, pactado inicialmente con Sumar, incluye medidas como la obligatoriedad de contratos por escrito, bonificaciones fiscales para bajar precios y la regulación de alquileres de temporada. Pero tanto Podemos como el PNV han mostrado su rechazo a partes del texto: los primeros por considerar «regalos fiscales» a propietarios, y los segundos por la reforma de la ley del suelo, que agiliza trámites urbanísticos.
La crisis en Ceuta ha pospuesto otros proyectos del Gobierno, como los Presupuestos —ahora sin fecha clara— y las transferencias de competencias a Euskadi. Mientras, el Ejecutivo intenta recuperar iniciativa con un decreto que, según fuentes del Ministerio, podría llegar al Consejo de Ministros antes de que acabe el año, aunque sin consenso garantizado.
El texto también contempla una prórroga reforzada que permitiría alargar dos años más aquellos arrendamientos que venzan antes de julio de 2028, ampliando seis meses más el plazo que se incluyó en el primer decreto de prórroga que tumbaron los convergentes junto a PP y Vox. Se cifra en un millón y medio de hogares los potenciales beneficiarios, lo que incluye a cuatro millones de personas.
El Ejecutivo pretende incluir la subida del IVA al 21% de los pisos turísticos o la regulación de los alquileres de temporada para limitar este tipo de contratos a supuestos suficientemente justificados y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. Asimismo, se pretende hacer obligatorio que los contratos de alquiler sean por escrito.
