Juanma Moreno denuncia que la normativa del Miteco castiga a las regiones cálidas y amenaza proyectos como el de Málaga TechPark (1.257M€)
La Junta de Andalucía ha presentado alegaciones contra el proyecto de real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que regula los centros de datos, advirtiendo que podría paralizar inversiones por valor de 60.000 millones de euros en todo el país, de los que 10.000 millones corresponden a 20 proyectos andaluces. La administración autonómica, liderada por Juanma Moreno, considera que los requisitos energéticos y hídricos impuestos —como un PUE máximo de 1,15 (frente a la media española de 1,36) y un 80% de consumo con renovables nuevas en 18 meses— son inviables en el sur por las condiciones climáticas y la saturación de la red eléctrica.
El conflicto se centra en dos ejes: energía y agua. Andalucía argumenta que el clima cálido encarece la refrigeración de servidores —un gasto que no afrontan regiones más frías— y que la exigencia de energía renovable nueva choca con los plazos reales de construcción de parques eólicos o solares. Además, denuncia que la norma no distingue entre agua potable y no potable para calcular la eficiencia hídrica, penalizando a zonas con escasez como Málaga, donde las reservas están al 94,6%, pero la crisis climática persiste.
El proyecto más afectado es el Málaga TechPark, con una inversión de 1.257 millones de euros y un consumo eléctrico de 150 MW (equivalente al de una ciudad). La Junta lo ha declarado interés estratégico para agilizar trámites, pero su viabilidad depende de que el Miteco flexibilice las exigencias. El Gobierno central, en fase de exposición pública, defiende que las normas buscan evitar daños ambientales en territorios vulnerables, pero Andalucía insiste en que no todas las regiones parten de la misma capacidad.
El decreto, que afecta también a Madrid, Aragón y Cataluña, refleja la tensión entre soberanía digital europea y competitividad territorial. Mientras el Ejecutivo central apuesta por condiciones uniformes, las autonomías reclaman adaptación a sus realidades. El plazo para alegaciones sigue abierto, pero la Junta andaluza ya advierte: sin cambios, el sur perderá la carrera de los data centers.
