La asociación reclama paralizar la cesión de instalaciones a la Policía Marítima catalana y exige informes jurídicos que justifiquen el cambio
La asociación profesional de la Guardia Civil (JUMIL) denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez está facilitando un «progresivo vaciamiento» del instituto armado en Cataluña al ceder espacios del Puerto de Tarragona a los Mossos de Escuadra para instalar una base permanente de su Policía Marítima. La medida, que podría suponer un traspaso de competencias *de facto* en un puerto de interés general del Estado, ha sido comparada por JUMIL con un precedente similar ocurrido en 2024: entonces, la Abogacía del Estado rechazó ceder espacios del mismo recinto a la Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos por falta de competencias. Ahora, dos años después, se repite la operación con otra unidad autonómica.
La asociación exige paralizar la cesión hasta conocer los informes jurídicos que respalden la decisión, ya que la legislación de Puertos del Estado exige justificar una «necesidad funcional» para ocupar espacios públicos. JUMIL recuerda que en Tarragona ya existe una base operativa del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, por lo que considera que la instalación de los Mossos no responde a criterios de eficiencia, sino a una estrategia de «reparto de competencias» vinculada a los acuerdos políticos del Gobierno con partidos independentistas. La organización advierte: *»Hoy es Tarragona, mañana será el Puerto de Barcelona»*, y vincula el caso a un patrón de desmantelamiento que incluye el cierre del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en L’Estartit (Girona) y la reorganización del Seprona, que ha reducido su presencia en zonas rurales y de montaña.
El Ministerio del Interior justifica estas decisiones como «optimización de recursos», pero JUMIL las interpreta como un repliegue estratégico. La asociación alerta de que, si se consolida esta dinámica, la Guardia Civil podría perder capacidad de respuesta en ámbitos clave como la custodia de puertos estatales, la vigilancia medioambiental o la desactivación de explosivos. Mientras, los Mossos amplían su presencia en territorios donde hasta ahora el instituto armado tenía monopolio legal.
El conflicto trasciende lo operativo: se trata de saber si el Gobierno está cediendo competencias sin cobertura jurídica clara. JUMIL reclama transparencia y advierte de que no aceptará «hechos consumados» que beneficien a una policía autonómica en perjuicio de una fuerza estatal. La tensión se agrava en un contexto de creciente polarización institucional en Cataluña, donde el independentismo presiona para ampliar su control sobre áreas tradicionalmente gestionadas por el Estado.
