La consellera de Interior, Núria Parlon, condiciona la transferencia a un refuerzo independiente de la plantilla de 25.000 mossos prevista para 2030
La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, anunció este 24 de agosto que Cataluña está preparada para asumir las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos, pero exige un refuerzo mínimo de 1.600 agentes de los Mossos d’Escuadra, además de los 25.000 previstos para 2030.
Parlon subrayó que este incremento es «imprescindible» para evitar restar efectivos a la seguridad ciudadana, un riesgo que ya advirtió el País Vasco al asumir competencias similares. La consellera insistió en que el Govern no quiere «quitar mossos a ningún alcalde», sino garantizar que la transferencia no degrade los servicios actuales. El acuerdo de delegación, pendiente de una nueva Junta de Seguridad, incluiría este refuerzo como condición no negociable, según recoge una proposición de ley conjunta de PSOE y Junts en el Congreso, que fijaba un aumento progresivo hasta 26.800 agentes para 2032.
El anuncio llega en un contexto de presión política: ERC, socio clave de investidura del Govern de Salvador Illa, ha urgido repetidamente el cumplimiento de este compromiso. Parlon recordó que el presidente «siempre cumple» con sus socios, pero advirtió que sin los recursos necesarios, la gestión podría ser «inadecuada». La experiencia vasca, donde la Ertzaintza asumió estas competencias sin un refuerzo adicional, sirve de precedente para justificar la demanda catalana.
Además de la transferencia, Parlon detalló otros cambios internos en los Mossos. Desde este agosto, el intendente de la Comisaría General de Información supervisará todas las infiltraciones policiales, tras la polémica por la presencia de dos agentes en una asamblea de docentes en huelga. También anunció que en septiembre u octubre se revisará el protocolo de uso del gas pimienta, ajustándolo a los estándares de Naciones Unidas, aunque defendió su utilidad como herramienta «menos lesiva» que otras para el orden público.
La negociación con el Gobierno central se enmarca en un debate más amplio sobre el modelo policial autonómico. Mientras Cataluña reclama más competencias, el Ministerio del Interior mantiene una postura cautelosa, especialmente tras los conflictos judiciales derivados de infiltraciones policiales en protestas. La Junta de Seguridad, último órgano de coordinación entre ambas administraciones, será clave para definir los plazos y condiciones de la transferencia.
Fuente: Agencia EFE
