Nueve vocales del bloque PSOE-Sumar piden autocrítica a Isabel Perelló; el grupo conservador acusa de deslealtad y amenaza con bloquear nombramientos clave
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto el nuevo curso judicial con una grieta institucional sin precedentes. Nueve vocales del bloque progresista —elegidos a propuesta del PSOE y Sumar— publicaron un comunicado exigiendo a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que su discurso de apertura evitara «presentaciones estadísticas o cruces de reproches». La medida, considerada una intromisión por el grupo conservador, ha provocado la ruptura de relaciones entre ambos bandos, esenciales para aprobar nombramientos urgentes en el Tribunal Supremo.
Los consejeros conservadores, que representan la mayoría en el CGPJ, calificaron el comunicado de «deslealtad» y denunciaron que los progresistas intentaron condicionar el acto solemne sin consultarles. «No nos comunicaron el escrito hasta que ya estaba en la prensa», aseguró una fuente cercana al bloque, que subrayó que Perelló rechazó las peticiones y mantuvo su discurso original. La tensión refleja la polarización interna del órgano, donde los nombramientos judiciales —como los 12 vacantes en el Supremo— dependen de acuerdos entre ambos grupos.
El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, está compuesto por 21 vocales: 12 elegidos por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Consejo General de la Abogacía y 3 por el Consejo General de Procuradores. Su funcionamiento requiere mayorías cualificadas para decisiones clave, como los nombramientos en tribunales superiores, lo que convierte este conflicto en un obstáculo para la operatividad judicial. La última vez que se registró una fractura similar fue en 2018, cuando el bloque progresista boicoteó la elección de un vocal conservador, paralizando el órgano durante semanas.
La presidenta Perelló, nombrada en 2023 con apoyo de PSOE y Sumar, enfrenta ahora su mayor desafío institucional. El comunicado de los nueve vocales —entre ellos figuras como Carmen Valdivia o José Antonio Montero— buscaba «recuperar el sentido del acto» y evitar lo que consideraban un «ritual vacío». Sin embargo, su estrategia ha escalado el conflicto, dejando en evidencia la incapacidad del CGPJ para actuar como cuerpo unido. La pregunta ahora es si la ruptura será temporal o marca un nuevo patrón de bloqueo en la justicia española.
