La Cámara Baja da luz verde con 168 votos a favor, 145 abstenciones y 31 en contra a una ley que ahora se tramitará en el Senado y que beneficiará a quienes perdieron el DNI español.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este viernes la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes, con 168 votos a favor, 145 abstenciones y 31 votos en contra. La iniciativa, que ahora continúa su tramitación en el Senado, llega tras dos años de tropiezos parlamentarios y en un momento de tensión política por la avalancha migratoria sobre Ceuta.
La norma permitirá solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza a las personas nacidas en el territorio del Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. Entre los documentos que se podrán presentar para acreditar el nacimiento figuran el DNI, aunque esté caducado, el certificado de nacimiento o el libro de familia, así como certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir españoles u otros documentos expedidos por autoridades administrativas españolas en los que conste la fecha de nacimiento en el Sáhara Occidental antes de esa fecha. El procedimiento tendrá un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, la resolución sobre cada solicitud deberá pronunciarse en un plazo máximo de un año y la ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE.
El debate se ha convertido en un carrusel de acusaciones a la dictadura marroquí y de reproches a Pedro Sánchez por haber cambiado unilateralmente la posición histórica de España sobre el Sáhara. Expresiones como «injusticia histórica», «Sáhara libre» o «responsabilidad española» se han repetido en boca de representantes de todos los grupos parlamentarios, que han reclamado al presidente del Gobierno revertir su decisión de marzo de 2022, cuando, según sostienen, se plegó a las exigencias de Rabat de forma «clandestina y unilateral». Prácticamente toda la Cámara, con la salvedad de los socialistas, ha considerado insuficiente la norma para resarcir a los saharauis del abandono que padecen desde que vieron arrebatada su nacionalidad española en 1977.
El PP y ERC cargan contra la «sumisión» a Rabat
ERC ha acusado a los socialistas de «traicionar» a los saharauis pese a haber votado a favor de concederles la nacionalidad, y sostiene que con esta decisión el PSOE intentará dar por zanjada la causa del pueblo saharaui, que «pasará al olvido». El PP ha hecho hincapié en la «sumisión» de Sánchez a Rabat y le ha acusado de utilizar la política exterior en función de sus intereses personales. Su diputado Pedro Muñoz Abrines ha resumido la posición popular con la frase «Aquí algo huele mal, muy mal». El PNV, EH Bildu y el BNG han urgido a Sánchez a dar marcha atrás y volver a la posición histórica. El nacionalista vasco Mikel Legarda ha calificado el paso de marzo de 2022 como un «giro radical, unilateral e incomprensible», adoptado en contra del Congreso y sin explicaciones a la ciudadanía. El representante del BNG, Néstor Rego, ha subrayado que la concesión de nacionalidad es un «paso simbólico muy importante» pero que en ningún caso «sustituye la responsabilidad del Estado español en la actual situación de opresión marroquí sobre el Sáhara».
Junts ha preguntado si la «sumisión» de Sánchez a la dictadura marroquí responde al miedo a que Rabat tenga información que le afecte, captada a través de Pegasus, y le ha reprochado querer ahora «un poco de oxígeno después de haber dejado a los saharauis en manos de Marruecos». Vox ha pedido ayudar al pueblo del Sáhara «sin sometimiento a Marruecos ni a Argelia» y ha asegurado que «no podemos cambiar la historia con el BOE», al considerar que la ley no incluye suficientes garantías ni controles sobre los documentos exigidos. Sumar ha evitado reproches directos a los socialistas y su portavoz, Enrique Santiago, ha instado a los grupos a aprobar la nacionalización «por unanimidad». La diputada saharaui Tesh Sidi ha defendido que con esta decisión «se devuelve el DNI a quienes lo tenían y el Estado se lo quitó» y que «se repara una injusticia histórica», y ha advertido al PP de que «no vale la abstención» porque con ella «se da la razón a Marruecos».
El PSOE ha intentado zafarse de las críticas. Su representante, Artemi Rallo, ha hablado de «día histórico», de «restitución de derechos» y de «vínculo fraternal» entre españoles y saharauis, ha acusado al PP de «tratar de confundir» e «instrumentalizar a los saharauis» y ha defendido que la ley no sería posible «sin el compromiso valiente de un Gobierno progresista». En su intervención no ha habido mención alguna al cambio de posición decidido por Sánchez en 2022 ni a las oscilaciones de los socialistas, que en un principio votaron en contra de admitir a trámite la norma.
Un giro socialista tras dos años de bloqueo
El recorrido parlamentario de la iniciativa explica por qué el PSOE evita ahora reivindicar su origen. Los socialistas votaron en contra de admitirla a trámite en su primera comparecencia, una posición que después corrigieron hasta llegar al voto favorable de este viernes. Ese cambio de criterio, unido al giro de Sánchez sobre el Sáhara en marzo de 2022, deja al Gobierno en una posición incómoda: defiende una ley que repara un agravio histórico mientras mantiene la nueva doctrina sobre el territorio, que la mayoría de la Cámara rechaza. La norma sale adelante con 168 votos a favor, pero con 145 abstenciones y 31 votos en contra, un reparto que refleja que el apoyo parlamentario a la medida no equivale a respaldo a la política exterior del Ejecutivo.
La votación se produce además en plena crisis migratoria en Ceuta, un escenario que varios grupos han utilizado para reforzar sus críticas a la actitud del Ejecutivo hacia Rabat. El PP ha vinculado expresamente la defensa del régimen marroquí que atribuye al Gobierno con la avalancha migratoria sobre la ciudad autónoma, lo que le ha servido para articular su arremetida contra Sánchez. Esa conexión entre política exterior y gestión migratoria ha atravesado todo el debate y ha dado a la oposición un argumento que trasciende el asunto del Sáhara.
La ley inicia ahora su tramitación en el Senado, donde puede ser enmendada antes de su aprobación definitiva. El texto fija un plazo de tres años desde su entrada en vigor para presentar las solicitudes y un año para resolverlas, con la entrada en vigor prevista cuatro meses después de su publicación en el BOE. Los saharauis que seguían la sesión desde la tribuna de invitados del Congreso y los más de un centenar que lo hacían desde la sala Ernest Lluch han sido testigos directos de una votación que llega dos años después de los primeros intentos parlamentarios.
