El ministro de Transportes vincula la suspensión cautelar de la ley de nietos con la amnistía y la condena al fiscal general
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que «hay jueces haciendo política» y ha situado el origen de la «tensión innegable» entre el Gobierno y el Tribunal Supremo en la ley de amnistía. Lo ha dicho en una entrevista en RNE, a escasas horas de la apertura del año judicial, y lo ha extendido a la condena contra el fiscal general del Estado y a la decisión de la jueza que investiga la crisis en Ceuta por «ocultar» informes al Gobierno.
El detonante inmediato es el fallo del Supremo contra la ley de nietos, que el Ejecutivo considera un varapalo por afectar a derechos fundamentales. El propio Pedro Sánchez lo ha criticado, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha urgido a resolverlo cuanto antes. Puente ha ido más lejos al sostener que el alto tribunal asumiría así las tesis de la derecha y la ultraderecha sobre la supuesta intención de la norma de incidir en el censo.
El ministro ha cuestionado la suspensión cautelar con una pregunta: «¿Cómo puede suspender un derecho fundamental con la premisa de que se busca engordar el censo para ganar elecciones?». Ha recordado que la medida lleva cuatro años aprobada, dentro de la ley de memoria democrática, y que desde entonces se celebraron unas generales en las que el voto exterior solo modificó un escaño, en favor del PP por Madrid. Sobre la filtración del informe a los medios, ha apuntado que, siguiendo la doctrina aplicada contra el fiscal general, se condenaría a la jueza por revelación de secretos.
La disputa entre poderes no es nueva. Además de la amnistía y los roces de la legislatura anterior por los indultos a los líderes del ‘procés’, ha habido otras colisiones por nombramientos tumbados por el Supremo, entre ellos el de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y dos cargos clave de la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado: primero como fiscal togada del Supremo y después como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
