Los populares preguntan al Gobierno por qué no ejecuta el retorno si Rabat se ha comprometido a admitirlos
El PP ha vuelto a señalar a Marruecos como «responsable de lo ocurrido por acción u omisión» en la crisis fronteriza de Ceuta, donde más de 70.000 inmigrantes cruzaron a finales de julio, según la carta que el partido ha enviado al país vecino. La misiva responde al pronunciamiento de Rabat, que rechazó cualquier implicación en las entradas masivas y acusó indirectamente a los populares de caer en un «lodazal».
En el escrito, el partido de Alberto Núñez Feijóo sostiene que, al compartir frontera, España y Marruecos tienen «una responsabilidad común» en la gestión, y que lo sucedido «exige una evaluación rigurosa e inaplazable, una actuación leal y transparente por todas las partes y garantías verificables de que hechos similares no volverán a producirse». El PP pide además «el máximo respeto a las instituciones españolas y a la investigación judicial» que desarrolla la Audiencia Nacional, y advierte de que ningún pronunciamiento, interno o externo, debe interferir en ese procedimiento.
Más allá de las responsabilidades, los populares presionan al Gobierno para recuperar la normalidad en Ceuta y plantean dos preguntas que, según afirman, coinciden con las de Marruecos: por qué no se ejecuta el retorno de quienes entraron irregularmente si el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a admitirlos, y por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias pese a que Rabat ha solicitado urgentemente su regreso. «El Gobierno de España está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello», sostienen.
El PP califica lo ocurrido como un «ataque híbrido» y «una violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa», y asegura que ejercerá «siempre con firmeza» la integridad de las fronteras y la seguridad de los españoles. Pese a la acusación, el partido mantiene su «voluntad de mantener una relación leal y estable» con Rabat, basada en «principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados». La carta cierra con un mensaje rotundo: «Ceuta y Melilla son España».
