Área de Desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid (CC BY 4.0, Wikimedia Commons)
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La comunidad denuncia que el texto acumula requisitos energéticos y de soberanía digital, amenazando 56 proyectos que representarían 15.000 millones de euros de inversión
La Comunidad de Madrid ha comunicado su oposición al Proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de los centros de datos, argumentando que impediría la inversión prevista y reduciría la competitividad de España.
El Ejecutivo regional sostiene que el modelo propuesto combina exigencias en materia energética, hídrica, contractual y de soberanía digital, vinculándolas al acceso y conexión a la red eléctrica; el incumplimiento, según afirman, podría generar recargos económicos y la pérdida de permisos de acceso.
En la región existen 56 proyectos de centros de datos, de los cuales 15 están en construcción y 41 ya diseñados, con una inversión estimada en 15.000 millones de euros y la creación de entre 17.000 y 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos; el Gobierno regional indica que el efecto directo podría alcanzar los 26.250 millones de euros sin contar el arrastre sobre la industria del conocimiento.
Las autoridades madrileñas advierten que la presión creciente sobre la capacidad de acceso y conexión no se resuelve restringiendo la demanda, sino reforzando la infraestructura eléctrica, y citan la posición energética favorable de España, basada en su parque nuclear y el desarrollo de energías renovables, como ventaja competitiva para atraer inversión.
El Gobierno central, que persigue objetivos de eficiencia energética, sostenibilidad, descarbonización, resiliencia y soberanía digital, ha sido acusado por la Comunidad de intentar eludir la tramitación parlamentaria y someterse a la soberanía popular; la región considera que, por su alcance «cuasi prohibitivo, sancionador y retroactivo», el texto debería aprobarse mediante una norma con rango de ley y no mediante real decreto.
En su defensa, el Ejecutivo regional subraya que los centros de datos son infraestructura esencial para la inteligencia artificial, la computación en la nube y otras actividades digitales, y advierte que una regulación excesiva provocaría inseguridad jurídica y retrasaría proyectos ya autorizados bajo normativa distinta.
