La ORGA fija un precio mínimo de 120.000 euros para el vehículo incautado en la trama de 231,7 millones, que incluye otros tres Land Rover
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, ha informado a la Audiencia Nacional de que el Ferrari F12 incautado al empresario Víctor de Aldama —investigado por su presunta participación en una trama de fraude al IVA— saldrá a subasta electrónica con un precio de salida de 241.613 euros. El vehículo, matriculado en 2013 y sin pasar la ITV desde 2024, forma parte de los activos embargados en el marco de la causa que investiga un fraude fiscal de 231,7 millones de euros.
La ORGA ha comunicado al juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que si en 10 días no recibe orden en contra, procederá a la venta del Ferrari a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal. Además, ha establecido que el precio mínimo de adjudicación no podrá ser inferior al 50% del valor de tasación, lo que sitúa el límite en 120.806 euros. Este umbral, según el mercado de segunda mano, convertiría la compra en una ganga para el adjudicatario.
El Ferrari no será el único vehículo subastado. La ORGA ha incluido en el lote tres todo terreno Land Rover, cuya tasación conjunta asciende a 200.000 euros. Todos estos activos fueron incautados a Aldama y a su socio Claudio Rivas, considerados por la justicia como los presuntos cabecillas de la trama. La decisión de subastar los vehículos responde a la necesidad de evitar su devaluación por el paso del tiempo y el desuso, así como a los costes que genera su depósito y mantenimiento.
La tasación del Ferrari fue realizada por la empresa Tinsa, especializada en valoraciones inmobiliarias y de activos. La ORGA justificó en mayo de 2025 su petición de subasta ante el juez Pedraz argumentando que los vehículos «son efectos que, aun sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso» y que su conservación genera gastos adicionales para el Estado. La oficina insistió en que la medida más eficiente era vender nueve de los vehículos incautados, entre los que se encontraban, además del Ferrari, un Jaguar y varios Land Rover.
La defensa de Aldama recurre contra la subasta por presunta vulneración de la presunción de inocencia
En mayo de 2025, la defensa de Víctor de Aldama presentó un escrito ante el juez Pedraz en el que solicitaba que no se autorizaran las subastas de sus vehículos. Los letrados argumentaron que esta medida vulneraba el derecho a la presunción de inocencia de su cliente, ya que la venta anticipada de los bienes podría interpretarse como un juicio previo a la resolución judicial. Además, pidieron que los vehículos se mantuvieran «a resguardo y en buen estado de conservación» hasta que recayera sentencia firme en el caso.
La petición de la defensa no prosperó, y la ORGA mantuvo su postura: la subasta era la opción más viable para preservar el valor económico de los activos y evitar que el Estado asumiera costes innecesarios por su mantenimiento. El objetivo final de la incautación y posterior venta es que los fondos obtenidos sirvan para hacer frente a las posibles multas e indemnizaciones derivadas de la causa, en caso de que se dicte condena.
El caso: una trama de fraude al IVA de 231,7 millones en el sector de los hidrocarburos
La investigación que llevó a la incautación de los vehículos se centra en una presunta trama de fraude al impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sector de los hidrocarburos. Según la causa, Víctor de Aldama y Claudio Rivas habrían liderado un esquema mediante el cual se eludió el pago de este impuesto por un valor total de 231,7 millones de euros. El juez Pedraz, al tomar conocimiento de los hechos, acordó en 2024 la detención y prisión provisional de Aldama, así como el embargo de sus bienes, entre los que se encontraba el Ferrari F12.
La Audiencia Nacional es el órgano judicial competente para investigar este tipo de delitos, dado que afectan a intereses económicos de la Hacienda Pública y trascienden el ámbito de una sola comunidad autónoma. La ORGA, por su parte, es el organismo encargado de gestionar los activos incautados en causas judiciales, con el fin de garantizar que su valor se preserve hasta que se resuelva el proceso o se destinen a cubrir las responsabilidades civiles derivadas de la condena.
El mecanismo de subasta electrónica y sus garantías
El Portal de Subastas de la Agencia Estatal es la plataforma oficial del Estado para la venta de bienes incautados o embargados en procedimientos judiciales. Este sistema permite que cualquier persona o empresa pueda pujar por los activos, siempre que cumplan con los requisitos legales. La subasta electrónica garantiza transparencia en el proceso, ya que todas las ofertas quedan registradas y son accesibles para los participantes.
En el caso del Ferrari F12, la ORGA ha fijado un precio mínimo de adjudicación del 50% del valor de tasación, una medida habitual en este tipo de procesos para evitar que los bienes se vendan a precios irrisorios. Este umbral asegura que, incluso en el peor de los escenarios, el Estado obtendrá al menos 120.806 euros por el vehículo, una cantidad que, según el mercado, sigue siendo atractiva para los compradores.
La subasta se celebrará de forma telemática, y el adjudicatario deberá abonar el precio final en el plazo establecido. Una vez pagado, la ORGA procederá a la entrega del vehículo, siempre que no exista ninguna incidencia legal que lo impida. Este proceso está diseñado para ser ágil y eficiente, minimizando los costes administrativos y maximizando el retorno económico para el Estado.
Implicaciones jurídicas y económicas de la venta anticipada
La venta de los vehículos antes de que recaiga sentencia firme plantea un debate jurídico sobre el equilibrio entre el derecho a la presunción de inocencia y la necesidad de preservar el valor de los activos incautados. La defensa de Aldama ha argumentado que la subasta anticipada podría interpretarse como una condena previa, pero la ORGA y el juez Pedraz han priorizado la protección del interés público, evitando que los bienes pierdan valor o generen gastos adicionales.
Desde el punto de vista económico, la subasta permite al Estado obtener liquidez de forma inmediata, lo que puede ser crucial en casos de gran envergadura como este, donde las cantidades defraudadas ascienden a cientos de millones de euros. Además, al establecer un precio mínimo de adjudicación, se garantiza que los activos no se devalúen de forma desproporcionada, protegiendo así los intereses de la Hacienda Pública.
En el caso concreto del Ferrari F12, su valor de mercado en segunda mano suele situarse por encima de los 200.000 euros, por lo que el precio de salida de 241.613 euros refleja una tasación ajustada. Sin embargo, el hecho de que el vehículo no haya pasado la ITV desde 2024 podría influir en el interés de los compradores, aunque el precio mínimo garantiza que el Estado no asumirá pérdidas significativas.
