El presidente anuncia 309 millones en ayudas, el 16% del PIB de la ciudad, tras la avalancha migratoria de julio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que la respuesta del Estado a la crisis en Ceuta sigue siendo insuficiente para una parte de su población, mientras la ciudad no recupere la normalidad tras la avalancha migratoria de finales de julio.
En su discurso con motivo del Día de Ceuta, Sánchez ha reconocido la distancia entre las necesidades de los ceutíes y las medidas adoptadas, destacando que lo ocurrido el 30 y 31 de julio ha alterado su capacidad para enfrentar una situación tan compleja. «Sé que afrontáis este día en unas circunstancias especialmente difíciles», ha señalado, subrayando que su prioridad es sacar a la gente de las calles, garantizar atención sanitaria digna y devolver la tranquilidad a los civiles.
El mensaje llega apenas 24 horas después de que el Consejo de Ministros aprobara un paquete de 309 millones de euros, equivalente al 16 % del PIB de Ceuta, para sostener una economía especialmente afectada por el cierre fronterizo y la presión migratoria. A esta cantidad se suman otros 50 millones en avales, el mayor despliegue económico del Gobierno para afrontar las consecuencias de la crisis.
El reconocimiento de Sánchez contrasta con las tensiones políticas surgidas tras trascender que la Policía Nacional manejó un informe que vincula a Marruecos con el asalto masivo a la ciudad. Mientras el Ejecutivo intenta encauzar la situación con medidas económicas, el debate sobre las responsabilidades y la gestión de la frontera sigue abierto.
El presidente también ha agradecido a los ceutíes su solidaridad y convivencia durante las últimas semanas, elementos que, según ha destacado, han permitido contener la tensión social en la ciudad.
El paquete de 50 millones en avales, que complementa los 309 millones de ayuda directa, representa un respaldo financiero adicional que busca reforzar la capacidad de las instituciones locales para gestionar la crisis humanitaria y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
Fuente: La Vanguardia
