La medida, regulada en 2015 pero nunca aplicada, busca coordinar recursos ordinarios sin suspender derechos fundamentales
El Gobierno ha declarado por primera vez la Situación de Interés para la Seguridad Nacional (SISN) en Ceuta mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, completado con la declaración de recursos aprobada por el Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto. La decisión responde a la crisis en la ciudad autónoma, donde la complejidad de la situación ha desbordado la capacidad de gestión individual de las administraciones implicadas.
La figura, prevista en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, pero nunca aplicada hasta ahora, permite coordinar los medios ordinarios del Estado cuando una crisis afecta a múltiples ámbitos simultáneamente. En el caso de Ceuta, la situación trasciende el control fronterizo e involucra a menores, sanidad, justicia, acogida, extranjería, seguridad ciudadana, transporte, relaciones exteriores y el funcionamiento de servicios públicos.
El presidente del Gobierno es el único competente para declarar esta situación, según establece la ley. En este caso, el Ejecutivo ha designado como autoridad funcional al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, cuya función no es sustituir a las autoridades competentes, sino garantizar que sus actuaciones respondan a una estrategia común. Cada órgano mantiene sus competencias, pero las ejerce dentro de un marco reforzado de dirección y coordinación.
La declaración afecta al territorio de Ceuta, incluyendo sus puestos fronterizos, costas, puerto y aguas adyacentes bajo jurisdicción española. Además, permite movilizar recursos de varios ministerios: Asuntos Exteriores para la cooperación con Marruecos, la Unión Europea y terceros Estados; Justicia para apoyar a juzgados y Fiscalía; Interior para fronteras, seguridad ciudadana, extranjería, identificación, policía judicial e investigación de redes de inmigración irregular; Defensa para apoyo logístico, transporte, vigilancia, alojamiento, comunicaciones y sanidad; y otros departamentos para transporte, sanidad, acogida o gestión administrativa.
Una figura intermedia entre la gestión ordinaria y los estados excepcionales
La Situación de Interés para la Seguridad Nacional no equivale a un estado de alarma, excepción o sitio, ni implica la suspensión de derechos fundamentales o libertades públicas. Esta distinción fue avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 184/2016, al analizar la Ley 36/2015. La figura ocupa un espacio intermedio: por encima de la gestión ordinaria de un problema administrativo o policial, pero por debajo de los estados excepcionales regulados en la Ley Orgánica 4/1981.
Su activación responde a la necesidad de que la normalidad institucional funcione con mayor unidad, rapidez y coherencia cuando una crisis desborda los compartimentos administrativos tradicionales. El objetivo es evitar la fragmentación que surge cuando cada administración actúa de manera aislada, aunque cada una lo haga de forma razonable dentro de su ámbito. La SISN no crea poderes excepcionales, sino que ordena la utilización de recursos ya existentes para que operen de manera integrada.
La ley exige que la declaración incluya, al menos, la definición de la crisis, el territorio afectado, la duración, la posible autoridad funcional y los recursos humanos y materiales necesarios. En este caso, el Gobierno ha optado por una figura diseñada para escenarios de incertidumbre, urgencia y transversalidad, donde la coordinación es más crítica que la creación de nuevas competencias.
Ceuta como banco de pruebas para una herramienta jurídica sin precedentes
La utilidad real de la medida se medirá por sus efectos prácticos: mejora en la identificación de personas, protección de menores, atención sanitaria, funcionamiento de juzgados y Fiscalía, acogida humanitaria, coordinación con Marruecos y seguridad en la frontera. También se evaluará si reduce solapamientos, instrucciones contradictorias o retrasos en la toma de decisiones, problemas que, en una crisis, pueden agravarse por una mala comunicación o la falta de claridad sobre quién decide qué.
La seguridad nacional, en este contexto, no se limita a un concepto abstracto, sino que adquiere una dimensión práctica: conseguir que el Estado funcione como un conjunto cuando la realidad supera los límites de los cajones administrativos ordinarios. Ceuta se convierte así en un banco de pruebas para una herramienta jurídica diseñada precisamente para este tipo de escenarios.
La enseñanza principal de esta activación es que la gravedad de una crisis no siempre exige poderes excepcionales. En el caso de la SISN, lo que se requiere es una mejor coordinación de los poderes ordinarios para proteger derechos, servicios esenciales y convivencia sin suspender derechos fundamentales ni libertades públicas. La figura, por tanto, no innovará por su nombre o su novedad, sino por su capacidad para resolver problemas concretos sobre el terreno.
Fuente: El Periódico (Política)
