Trabajo cifra en 8.000 euros el coste medio actual y busca vincular el cese a la edad y formación del afectado
El Gobierno modificará la indemnización por despido con el fin de adaptarla a las exigencias comunitarias tras el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales que considera insuficientes las cuantías fijadas en España. La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó este miércoles durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados que acometerá esta reforma legislativa en respuesta directa a una interpelación formulada por el diputado de Bildu Oskar Matute.
La titular de Trabajo argumentó en sede parlamentaria que despedir resulta «muy barato» en el mercado laboral español, donde el coste medio de rescisión se sitúa en 8.000 euros, según las cifras facilitadas por el propio ministerio. El planteamiento defendido por Díaz introduce una lógica restaurativa destinada a que las compensaciones económicas dejen de calcularse exclusivamente con un baremo fijo y cuantificado de forma previa a la extinción del contrato.
Este nuevo modelo pretende individualizar las cuantías económicas para evaluar el perjuicio real ocasionado a cada trabajador en función de sus circunstancias sociolaborales particulares. La ministra ejemplificó este criterio señalando que el impacto material de la pérdida de empleo resulta sustancialmente más grave para una mujer de 60 años sin cualificación formal acreditada que para un profesional joven que cuenta con dominio de idiomas y mejores perspectivas de reinserción.
La revisión del marco legal se aborda formalmente en una mesa de diálogo social específica, aunque este espacio de negociación arrastra casi un año de bloqueo efectivo por la incomparecencia deliberada de la patronal CEOE. Esta ausencia empresarial complica la obtención de un consenso tripartito sobre el Estatuto de los Trabajadores, una normativa donde habitualmente convergen las demandas sindicales y los costes de reestructuración corporativa asumidos por las empresas en el tejido productivo.
En paralelo a la reforma del despido, la vicepresidenta anunció que el Ejecutivo abordará de forma inmediata la actualización de la regulación sobre el registro de jornada. La tramitación de esta segunda iniciativa laboral quedó aplazada el pasado mes de julio tras un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, motivado por la necesidad de incorporar al texto las observaciones técnicas recogidas en el informe del Consejo de Estado.
