El presidente ceutí reclama modificaciones legales para evitar que Marruecos use la presión migratoria como herramienta de desestabilización
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió este martes reforzar la frontera de la ciudad autónoma con más efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar nuevas entradas masivas de inmigrantes irregulares. Sus declaraciones llegaron tras reunirse con la vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, quien visitó Ceuta para respaldar al Gobierno local tras 18 días de crisis migratoria.
Vivas insistió en que la seguridad de Ceuta y Melilla «tiene que estar en manos de España y de Europa», criticando que Marruecos no impidiera la avalancha del 30 de julio, aunque sí frenara un nuevo intento el 15 de agosto. «Aquí hace falta más Estado: más policía, más guardias civiles, más militares, más médicos», afirmó, exigiendo también cambios legales para «blindar» ambas ciudades frente a quienes «pretenden usar la presión migratoria para desestabilizarlas».
El presidente ceutí vinculó la falta de soluciones a una «falta de voluntad política» del Gobierno central, al que acusó de no agilizar los expedientes de retorno de los más de 2.000 inmigrantes que entraron el 30 de julio. «Si se quiere, se puede», aseguró, mientras denunciaba que los ceutíes se sienten «abandonados». La Comisión Europea respaldó este martes la devolución «rápida» de todos los migrantes, incluidos menores no acompañados, alegando que el derecho comunitario lo permite. El portavoz de Asuntos Internos de la UE, Marius Lambert, recordó que Bruselas está dispuesta a ayudar a España si lo solicita.
Vivas también criticó que ni el delegado del Gobierno ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan recibido a los representantes de los cuerpos de seguridad desplegados en Ceuta, quienes reclaman mejores condiciones laborales. «No me puedo explicar que no se les escuche», afirmó. La crisis ha reabierto el debate sobre la gestión de las fronteras en las ciudades autónomas, donde el Gobierno central tiene competencias exclusivas en seguridad y extranjería, mientras que las instituciones locales gestionan servicios como sanidad y educación.
La tensión con Marruecos se agravó tras la entrada masiva del 30 de julio, cuando miles de personas cruzaron la frontera aprovechando un relajamiento en los controles marroquíes. Aunque Rabat recuperó el control días después, la situación en Ceuta sigue sin resolverse: cientos de migrantes permanecen en centros de acogida, y las devoluciones —especialmente de menores— enfrentan obstáculos legales y diplomáticos. El Gobierno español garantizó a la UE que «nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península», pero hasta ahora no ha detallado cómo ejecutará los retornos.
