La Comunidad estrena una infraestructura pionera en España que digitalizará servicios autonómicos sin depender de proveedores externos
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha su Nube Soberana, una infraestructura digital pionera entre las autonomías españolas diseñada para agilizar los servicios públicos y reforzar la protección de datos de los ciudadanos mediante inteligencia artificial (IA). El proyecto, presentado en la madrugada del 19 de agosto, entrará en funcionamiento inmediato y operará de forma invisible para los madrileños, aunque afectará a trámites administrativos, sanidad y educación.
Esta plataforma, impulsada por el Gobierno autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), busca reducir la dependencia de proveedores tecnológicos externos —como Amazon Web Services o Microsoft Azure— y centralizar el almacenamiento de información sensible en servidores controlados por la administración regional. Fuentes de la Consejería de Digitalización confirmaron que la Nube Soberana ya aloja los primeros datos de la Tarjeta Sanitaria Virtual y del sistema de citas médicas, aunque su despliegue completo se escalonará hasta 2027.
El modelo madrileño replica iniciativas similares en la UE, como la Gaia-X alemana o el iCloud de Confiance francés, que priorizan la soberanía tecnológica frente a empresas estadounidenses o chinas. Sin embargo, expertos en ciberseguridad consultados por ElectionLAB advierten de que la eficacia del sistema dependerá de su capacidad para evitar brechas de seguridad, un riesgo que ya afectó a la nube pública de la Generalitat Valenciana en 2024, cuando un ciberataque expuso datos de 12.000 funcionarios.
La decisión de Madrid llega en un contexto de tensión entre autonomías y el Gobierno central por el reparto de fondos europeos para digitalización. Mientras el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital condiciona las ayudas a la adhesión a su propia Nube Pública Española —gestionada por Red.es—, la Comunidad de Madrid ha optado por un modelo autónomo, alegando «mayor flexibilidad y control sobre los costes». El Ejecutivo autonómico no ha detallado la inversión total, pero el contrato inicial con la empresa adjudicataria, Indra, asciende a 42 millones de euros para los primeros tres años.
El proyecto también incluye un laboratorio de IA para optimizar trámites como la gestión de ayudas sociales o la asignación de plazas escolares. Según el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, la herramienta «eliminará burocracia y reducirá plazos», aunque organizaciones como la Plataforma en Defensa de los Derechos Digitales critican la falta de transparencia en los algoritmos que tomarán decisiones automatizadas.
