El ministro de Política Territorial matiza que la cifra oficial sigue en 72.000, aunque 80.000 reflejaría el impacto demográfico en la ciudad autónoma
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aclarado este lunes que su referencia a 80.000 migrantes durante la entrada masiva del 30 de julio en Ceuta no modificaba la cifra oficial de 72.000 personas, sino que buscaba dimensionar el impacto comparándolo con la población total de la ciudad autónoma.
Fuentes del Ministerio han precisado que la cifra de 72.000, facilitada inicialmente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 4 de agosto, no se ha actualizado. Torres, en su comparecencia en Ceuta, explicó que la mayoría de los migrantes regresaron en un plazo de 24 a 48 horas, aunque no detalló cuántos permanecían en la ciudad en el momento de su intervención.
La aclaración llega tras críticas por la discrepancia entre las cifras manejadas por ambos ministros. Mientras Marlaska estableció el dato oficial en 72.000, Torres introdujo el de 80.000 al contextualizar la magnitud del suceso: Ceuta tiene una población de aproximadamente 83.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La comparación buscaba ilustrar el efecto demográfico de la llegada masiva, equivalente a casi duplicar la población local en un solo día.
El Gobierno central mantiene que la situación está bajo control, aunque no ha especificado qué medidas concretas se aplicarán para evitar futuros episodios similares. La entrada del 30 de julio, considerada la mayor en décadas, superó en más de diez veces el promedio diario de llegadas irregulares registrado en 2025 por el Ministerio del Interior.
La gestión de la crisis ha reabierto el debate sobre la política migratoria española, con partidos como Vox exigiendo el cierre de fronteras y el PP pidiendo explicaciones por la coordinación entre los ministerios implicados. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado soluciones estructurales para evitar que Ceuta siga siendo un punto de entrada recurrente.
Según el artículo 13 de la Constitución española, el Gobierno tiene la competencia para regular la inmigración y la emigración, así como para establecer las políticas necesarias para la integración de los inmigrantes en la sociedad española. El Ministerio del Interior, a través del Departamento de Inmigración y Asuntos de Ciudadanía, es el encargado de aplicar estas políticas y de coordinar la respuesta del Estado a la inmigración irregular.
La entrada masiva del 30 de julio en Ceuta ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en las fronteras españolas y de mejorar la coordinación entre los ministerios implicados en la gestión de la inmigración. El Gobierno central ha asegurado que está trabajando para evitar futuros episodios similares, pero no ha especificado qué medidas concretas se aplicarán para lograrlo.
Fuente: La Razón
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