El informe policial que apunta a Marruecos y las críticas por la gestión de la crisis de 72.000 inmigrantes tensan al Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy en el Congreso a un pleno marcado por la presión de Sumar, PP, Vox y otros socios parlamentarios, que exigen explicaciones por la avalancha de 72.000 inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio y cuestionan la tesis oficial de exculpar a Marruecos.
Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional, que señala la posible participación marroquí en la crisis, ha intensificado las críticas. Sumar, a través de su portavoz Alberto Ibáñez (Compromís), reclama «transparencia, datos, institucionalidad y respuestas concretas y contundentes», mientras que Izquierda Unida (IU) va más allá al hablar de una responsabilidad «evidente y criminal» de Rabat que exige una reacción diplomática.
ERC califica la defensa del Gobierno a Marruecos de «ridícula» y «tomadura de pelo», y EH Bildu denuncia un «ataque híbrido de nueva generación» en el que Rabat habría jugado un papel clave. El PNV y Junts también han criticado la complacencia con el país vecino, mientras que Podemos exige romper relaciones con una «dictadura» a la que acusa de tener al Ejecutivo «arrodillado».
Además de la polémica por la implicación marroquí, una mayoría parlamentaria reprocha al Gobierno la gestión de la crisis posterior, incluyendo las vacaciones de Sánchez durante el episodio. La derecha exige la expulsión de los inmigrantes, mientras que la izquierda aboga por su traslado a la península.
El propio Sánchez ha señalado que el informe policial, que fue enviado a la Audiencia Nacional el 2 de septiembre, detalla que la llegada masiva de 72.000 migrantes el 30 de julio habría sido facilitada por una «mano marroquí». En respuesta, el Gobierno ha insistido en que la información aún está bajo investigación y que no se ha confirmado la participación de Marruecos, aunque reconoce la necesidad de clarificar los hechos y de reforzar la seguridad fronteriza.
Dentro del propio Ejecutivo, se ha evidenciado cierta división: mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional ha mantenido una postura de cautela, el Ministerio de Interior ha expresado su preocupación por la posible vulneración de la soberanía nacional. Esta disparidad interna ha generado dudas sobre la coherencia de la respuesta oficial y ha aumentado la presión sobre Sánchez para presentar un plan de acción claro y coordinado.
