El presidente rectifica su versión tras un informe policial que desmonta su narrativa y abre una crisis judicial con la jueza Tardón
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció este miércoles en el Congreso que la gendarmería marroquí «permitió el cruce de la frontera» en Ceuta el 30 de julio, un giro en su discurso que contradice la versión oficial mantenida hasta ahora. La admisión llega tras la filtración de un informe de la Policía Nacional, solicitado por la jueza María Tardón, que desmonta la narrativa gubernamental de exculpar a Marruecos y culpar a mafias de tráfico de personas.
La investigación de Tardón, impulsada por el partido Iustitia Europa, ha generado tensiones en el Ejecutivo. El informe del CENIF —que no pasó por el director general de la Policía ni por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— revelaba la implicación de agentes marroquíes, algo que la oposición y socios como Sumar ya daban por hecho. Sánchez, presionado, prometió actuar «con contundencia» si surgieran pruebas sólidas, aunque insistió en que, «a día de hoy, no es el caso».
El Gobierno ha respondido con una estrategia doble: por un lado, el ministro Grande-Marlaska presentó una queja contra Tardón ante el CGPJ por ordenar a los agentes no compartir información con sus superiores, alegando «interés para la seguridad nacional». La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, rechazó la misiva y defendió el «ejercicio de sus funciones constitucionales» por parte de la jueza. Por otro, la fiscal general del Estado, Teresa Pera mato, activó el artículo 25 del Estatuto Fiscal para asumir el control de la causa, relevando al fiscal José Perals, que ya había mostrado disposición a investigar delitos contra la seguridad del Estado.
El PP, por su parte, anunció que se personará como acusación popular, sumándose a Iustitia Europa y Hazte Oír. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que el caso podría llegar al Tribunal Supremo, dado el aforamiento de Grande-Marlaska. Sánchez, en su comparecencia, exigió explicaciones sobre por qué el CENIF no compartió el informe del 29 de julio con la cadena de mando, subrayando sus «potenciales implicaciones para la seguridad del Estado».
Fuente: El Debate
