El Gobierno enfrenta críticas por la ejecución de alzamientos en plena crisis de vivienda, con la anciana de 87 años como símbolo de un problema sin solución
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que durante su mandato se han ejecutado más de 246.000 desahucios, una cifra que contrasta con su promesa de 2015 de evitar este tipo de situaciones. El caso de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años desahuciada en la Comunidad de Madrid, ha reavivado el debate sobre la vivienda y la protección social.
La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, se enfrenta a acusaciones de no garantizar soluciones habitacionales para colectivos vulnerables. El Gobierno central, por su parte, ha sido señalado por no cumplir con sus compromisos electorales en materia de vivienda, especialmente tras la ejecución de más de 246.000 alzamientos desde 2015. Este dato, aunque no está vinculado directamente a una ley concreta, refleja la falta de políticas efectivas para evitar desahucios.
El caso de Maricarmen Abascal, que ha sido desahuciada pese a su edad avanzada, ha servido como detonante para que partidos como Podemos y sectores de la izquierda exijan medidas urgentes. Mientras, el PP acusa al Gobierno de no actuar con suficiente contundencia en la protección de los más vulnerables. La presión social y política podría forzar una respuesta institucional, aunque hasta ahora no hay propuestas concretas sobre la mesa.
El debate sobre los desahucios no es nuevo: en 2015, Sánchez prometió erradicarlos, pero la realidad ha demostrado que el problema persiste. La ejecución de 246.000 alzamientos durante su mandato refleja una crisis estructural en el acceso a la vivienda, agravada por la falta de políticas públicas efectivas. La comunidad autónoma con más casos es Madrid, aunque otras regiones también registran cifras significativas.
La situación de Maricarmen Abascal, junto con otros casos similares, ha puesto en evidencia las limitaciones de las medidas actuales. Mientras los partidos políticos se acusan mutuamente de la falta de soluciones, los afectados siguen sin una respuesta clara. El caso podría servir como catalizador para impulsar reformas legales o presupuestarias, aunque hasta ahora no hay consenso entre las fuerzas políticas.
