El Congreso rechaza en bloque la postura de Moncloa tras la entrada de al menos 72.000 personas en Ceuta
Una revisión de los mecanismos de coordinación y alerta con Marruecos ha centrado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, tras la entrada de al menos 72.000 personas indocumentadas en Ceuta el pasado 30 de julio. El presidente del Gobierno ha defendido mantener la cooperación para asegurar la devolución de los ciudadanos llegados a territorio español, aunque ha condicionado eventuales represalias formales a la obtención de hechos probados sobre la implicación del reino alauita.
La postura gubernamental sostiene que «nadie ha aportado pruebas que puedan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes», a pesar de que un informe de la Policía apunta a que agentes de ese país guiaron a grupos hacia el perímetro fronterizo. La Moncloa enmarca su cautela en la necesidad de evitar rupturas basadas en indicios no contrastados y preservar los canales operativos, revelando además que el Ejecutivo convocó de manera reservada a la embajadora marroquí en Madrid.
Esta estrategia ha provocado un rechazo unánime en el arco parlamentario, donde tanto los grupos de la oposición como los socios habituales de investidura han reclamado mayor contundencia ante Rabat. Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición por el Partido Popular, ha vinculado la posición del líder socialista al robo de información de su teléfono mediante el programa Pegasus y ha exigido la llamada a consultas del embajador español en Marruecos, mientras que formaciones como ERC, Sumar, Vox y Junts han coincidido en tachar de insuficiente la respuesta estatal.
El choque bilateral pone bajo tensión el marco de entendimiento suscrito en 2022, diseñado para normalizar los vínculos diplomáticos tras crisis anteriores como la de 2021 o el histórico episodio del islote de Perejil en 2002. Pese a que el intercambio económico bilateral supera los 23.000 millones de euros y Marruecos depende de infraestructuras gasistas españolas para cerca de una cuarta parte de su suministro energético, compromisos clave como la apertura plena de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla continúan sin operatividad efectiva.
