La portavoz del PP en el Parlament reclama transparencia y rechaza el acuerdo previo entre el Gobierno y ERC, que aportaría 4.700 millones más a Cataluña
La portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha exigido que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica se desarrolle en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con «luz y taquígrafos» y sin «bilateralidad» con el Gobierno central, al que acusa de actuar por «cálculo electoral» y de «chantajear» a las comunidades con acuerdos previos con independentistas.
Roldán criticó que la reunión del Consejo, prevista inicialmente para julio, se pospusiera al 4 de septiembre por falta de información para las comunidades gobernadas por el PP. Según la portavoz, el Gobierno de Pedro Sánchez negocia «a puerta cerrada» con ERC un modelo que, en su opinión, responde a intereses políticos y no al «interés general». El acuerdo, pactado entre el Ejecutivo y la Generalitat, prevé un aumento de 4.700 millones de euros para Cataluña, pero Roldán rechazó que la financiación se utilice como «moneda de cambio» para sostener al Gobierno en minoría.
La portavoz popular evitó pronunciarse sobre el principio de ordinalidad —que garantiza que las comunidades mantengan su posición relativa en la distribución de fondos—, pero sí cuestionó las prioridades del Govern de Salvador Illa. En concreto, censuró las inversiones en la Agencia Tributaria catalana, los medios públicos y el Pacto Nacional por la Lengua, al considerar que no reflejan las necesidades de los ciudadanos.
Mientras, el portavoz de Comuns en el Congreso, Gerardo Pisar ello, instó a Junts a apoyar el nuevo modelo para evitar «hacerle el juego a PP y Vox», que buscan bloquearlo. Pisar ello reconoció que el acuerdo «no es la panacea», pero destacó que incluye «avances concretos» y más recursos para Cataluña. El primer secretario de la Mesa del Congreso advirtió que oponerse al texto supondría «una tragedia» y un alineamiento con la estrategia de la derecha, aunque Junts esgrima «otros argumentos».
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde se debaten los modelos de financiación autonómica, reúne a representantes del Gobierno central y de las comunidades autónomas. Su última reforma, en 2009, estableció el sistema actual, que las autonomías consideran insuficiente. Cataluña, con un déficit fiscal estimado en torno al 8% de su PIB, reclama desde hace años un modelo que reduzca su aportación a la caja común.
