La consejera asegura que la Junta presentará alegaciones contra el proyecto que destina 90 millones de euros solo a comunidades con declaraciones de mercado residencial tensionado
Rocío Díaz, consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, informó este jueves en comisión parlamentaria que la administración autonómica presentará alegaciones al proyecto del Gobierno central que reserva 90 millones de euros en subvenciones directas exclusivamente a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial pensionado.
Díaz señaló que Andalucía no aceptará que la asignación de fondos dependa de la declaración de esas zonas, calificándola de «reparto ideológico» que beneficia a comunidades que ya han solicitado la condición y excluye al resto. La consejera añadió que la declaración de zonas pensionadas corresponde a los municipios, competencia que hasta ahora no se ha ejercido en Andalucía.
El Ejecutivo central, según la consejera, utiliza la ausencia de declaraciones en determinadas comunidades como criterio para reducir o descartar fondos, lo que genera una desigualdad en la financiación de vivienda. La Junta de Andalucía, que gestiona la política de vivienda en la región, considera que este método vulnera la equidad del reparto y dificulta la respuesta a la demanda habitacional.
El proyecto de ley nacional contempla que las comunidades que hayan presentado la solicitud de zona pensionada accedan a la totalidad de los 90 millones de euros, mientras que las que no lo hagan quedarían excluidas. En Andalucía, la falta de solicitudes municipales implica que la región perdería una parte significativa de la ayuda prevista para la construcción y rehabilitación de viviendas.
La presentación de alegaciones por parte de la Junta se enmarca en el proceso legislativo que culminará con la aprobación del presupuesto de vivienda del próximo año. Si la administración autonómica logra modificar el criterio de asignación, podría abrir la puerta a que otras comunidades sin declaraciones de zonas pensionadas accedan a recursos similares, alterando el equilibrio de la financiación estatal en materia de vivienda.
