"Javier Ortega visita la valla de Ceuta 28.07.2018" by VOX España is marked with Public Domain Mark 1.0. To view the terms, visit https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.
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Doce inmigrantes marroquíes detenidos por apedrear y golpear a cuatro militares, que resultaron heridos en un ataque con piedras de gran tamaño
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de desplegar a militares en Ceuta sin un marco jurídico que les permita actuar más allá de la legítima defensa, tras la agresión sufrida por cuatro efectivos de la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu) en la madrugada del 26 de agosto.
Muñoz recordó en un mensaje en X que el pasado martes advirtió a Robles en la Comisión de Defensa sobre la falta de competencias de los militares para detener, identificar o usar la fuerza, más allá de lo que permite la ley a cualquier civil. «No pueden detener a nadie, ni pedir identificaciones, ni hacer uso de la fuerza más allá de legítima defensa», escribió, añadiendo que tampoco disponen de material antidisturbios. Según la portavoz popular, Robles «se rió y después no contestó nada» a sus advertencias.
El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 horas, cuando un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes, según El Faro de Ceuta, emboscó a los militares mientras se dirigían a un punto de vigilancia en Benz. Doce de ellos, todos marroquíes y de entre 35 y 40 años, fueron detenidos tras apedrear y golpear a los efectivos, que tuvieron que huir a pie del vehículo, no blindado, en el que viajaban. Los militares resultaron heridos con lesiones en brazos, espalda y golpes por las piedras, mientras el coche quedó «completamente destrozado».
La Policía Nacional y la Guardia Civil activaron un dispositivo de emergencia tras la llamada de auxilio de los militares. Algunos agresores intentaron escapar por mar, lanzándose al agua, y fueron buscados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Este incidente se suma a otros registrados en Ceuta tras entradas masivas de inmigrantes, lo que ha aumentado la presión sobre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad en la ciudad autónoma.
El marco legal actual limita la actuación de los militares en misiones de apoyo a las fuerzas de seguridad a tareas logísticas, observación y disuasión, sin capacidad para intervenir directamente en altercados. El PP ha exigido en repetidas ocasiones dotar a los efectivos de un estatuto jurídico que les permita actuar con mayor protección en este tipo de situaciones.
