La formación nacionalista reclama a Red Eléctrica explorar alternativas antes de contratar 130 MW con un generador flotante por cinco años
Nueva Canarias-Bloque Camarista (NC-BC) ha abierto un frente institucional contra el Gobierno de Canarias (CC-PP) por la instalación de un buque generador de energía fósil en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, una medida de emergencia para cubrir un déficit de 130 megavatios de potencia firme en la isla.
El primer teniente de alcalde de Las Palmas y dirigente de NC-BC, Pedro Quevedo, cuestiona la necesidad técnica de la central flotante, al argumentar que en año y medio entrará en funcionamiento un sistema de baterías con tecnología grid-forming capaz de estabilizar la red sin recurrir a combustibles fósiles. La formación advierte que el contrato plurianual —de cinco años— hipotecaría la transición ecológica del archipiélago y agravaría el impacto sanitario en la población, según declaraciones recogidas por el partido.
El conflicto expone la tensión entre seguridad energética y descarbonización en territorios insulares. Red Eléctrica Española (REE) ha determinado la necesidad de 130 MW adicionales para garantizar la reserva y cubrir la demanda punta, pero NC-BC sostiene que las baterías podrían asumir ese rol incluso en casos de indisponibilidad fortuita de otras fuentes. La oposición municipal también señala que las recientes incidencias en islas menores no responden a falta de potencia firme, sino a fallos en líneas de transporte y protocolos de respuesta.
El consejero de Transición Ecológica del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata (PP), defiende la central flotante como solución temporal, siempre que cumpla con los requisitos medioambientales. Zapata ha destacado que Gran Canaria y Fuerteventura son las islas con mayor déficit energético, y que el Ejecutivo autonómico declaró la emergencia energética en octubre de 2023. Entre las medidas adoptadas, figura la interconexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera y la convocatoria de concursos para renovables, aunque persiste el riesgo de perder 100 millones de euros en fondos Next Generation si no se ejecutan a tiempo.
Quevedo exige transparencia en el análisis técnico que justifica la central flotante y reclama priorizar inversiones en almacenamiento y compensadores síncronos, como el proyectado para estabilizar la red de 220 kilovoltios. El debate refleja el desafío de las regiones ultraperiféricas europeas para equilibrar soluciones inmediatas con los objetivos climáticos, donde cada decisión sobre infraestructuras fósiles puede condicionar la hoja de ruta energética durante décadas.
