El Colegio Médico de Ceuta acusa al Ministerio de Sanidad de «insulto» por minimizar la crisis tras atender a 300 personas en un día en el único hospital de la ciudad
La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó el 6 de agosto en Radio Nacional que la respuesta sanitaria en Ceuta durante la avalancha migratoria del 30 y 31 de julio fue «encomiable» y descartó cualquier «colapso». Sus declaraciones contrastan con el relato del presidente del Colegio y Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, quien dos días antes denunció en es Radio que los profesionales trabajaron «absolutamente desbordados, solos, sin dormir» y que algunos terminaron su turno «llorando». Roviralta calificó de «auténtico insulto» que el Ministerio negara lo ocurrido y resumió la situación con una frase: «españoles de segunda».
Ceuta y Melilla son los únicos territorios españoles cuya sanidad depende directamente del Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), sin intervención de comunidades autónomas. Esta estructura centralizada convierte al Gobierno en el único responsable de la gestión, sin posibilidad de derivar culpas a administraciones regionales. El Colegio Médico de Ceuta remitió una carta a García el 7 de agosto recordándole esta dependencia y pidiéndole que se desplazara a la ciudad para evaluar la «catástrofe asistencial». La misiva subrayaba que la petición no respondía a «confrontación política», sino a la necesidad de resolver una crisis que se arrastra desde marzo de 2023, cuando comenzó la huelga más larga de la sanidad española.
La huelga, que se prolongó durante seis semanas, enfrentó a los médicos con el INGESA, el mismo organismo que García dirigiría a partir de noviembre de 2023. En octubre de ese año, cuando aún era portavoz sanitaria de la oposición, la ministra declaró en una entrevista a *Madrid Médico* que «hay que cuidar a los médicos» y criticó que tuvieran que recurrir a la huelga para «cuidar bien a sus pacientes». También advirtió sobre el «maltrato sistemático» a los profesionales. Sin embargo, en su gestión al frente del Ministerio, los conflictos se han intensificado: el 4 de agosto, seis de cada diez médicos españoles votaron a favor de una huelga indefinida para reclamar un estatuto propio, reducción de la jornada a 35 horas y guardias voluntarias computables para la jubilación.
El único hospital de Ceuta, con 186 camas, atendió a más de 300 personas en una sola jornada durante la avalancha migratoria. Mientras, el Gobierno habilitó el antiguo Hospital Militar como depósito para 200 cuerpos. La ministra, por su parte, publicó en redes sociales una lista de 31 canciones bajo el título «la banda sonora de mi verano», lo que contrasta con las críticas de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, que denunció «desamparo y parálisis» tras el accidente ferroviario del 18 de enero, donde murieron 46 personas. El presidente de la asociación, Mario Samper, acusó al ministro de Transportes, Óscar Puente, de ignorar sus reclamaciones desde mayo, a pesar de que el único que pidió perdón fue el presidente de ADIF.
El conflicto en Ceuta refleja un patrón más amplio en la sanidad pública: la fuga de médicos y la precarización de las condiciones laborales. Los profesionales exigen un nivel 9 en el Estatuto Marco —actualmente limitado a niveles del 4 al 8—, que reconozca sus 12 años de formación (grado más MIR). El Ministerio argumenta que esta diferenciación sería «técnicamente inviable» y que podría generar «desigualdad», según su propia web. Mientras, la huelga nacional de médicos sigue en marcha, con demandas que van desde la creación de una mesa de negociación específica hasta la voluntariedad de las guardias.
