La ministra de Sanidad exige medir las «responsabilidades» del país vecino tras el salto masivo de finales de julio
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este lunes a Marruecos de emplear «de manera cruel la desesperación humana» de los migrantes que saltaron masivamente la frontera de Ceuta a finales de julio, calificando el episodio como un «juego político». García, quien también lidera el partido Más Madrid, anunció que se evaluarán las «responsabilidades» del Gobierno marroquí en la crisis, aunque no detalló qué mecanismos legales o diplomáticos se activarían para ello.
El salto fronterizo del pasado 28 de julio dejó imágenes de cientos de personas cruzando la valla en medio de un operativo policial que, según fuentes del Ministerio del Interior, movilizó a más de 200 agentes en la zona. Ceuta, ciudad autónoma bajo soberanía española, ha sido escenario recurrente de tensiones migratorias, pero el último episodio destaca por su escala y por las declaraciones posteriores de autoridades marroquíes, que vincularon la relajación de controles fronterizos con disputas diplomáticas previas entre ambos países.
García no precisó si su demanda de responsabilidades implicaría una reclamación formal ante organismos internacionales o si se enmarcaría en el diálogo bilateral entre España y Marruecos, que en los últimos años ha oscilado entre la cooperación en materia migratoria y los roces por cuestiones como el Sáhara Occidental. El Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, ha evitado hasta ahora atribuir directamente a Marruecos la autoría del salto masivo, limitándose a pedir «colaboración» para gestionar los flujos migratorios.
La acusación de la ministra choca con la postura del Partido Popular, que ha criticado al Ejecutivo por lo que considera una «falta de firmeza» ante Rabat. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), exigió el pasado viernes «medidas concretas» para evitar nuevos episodios, incluyendo la devolución inmediata de los migrantes que logren cruzar la frontera. Mientras, organizaciones como CEAR han denunciado que las devoluciones en caliente, permitidas por la ley española, vulneran derechos fundamentales.
El marco legal que regula estos episodios es la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, un mecanismo avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2020. Sin embargo, la presión migratoria en la zona ha reabierto el debate sobre la eficacia de estas medidas y su impacto en la relación con Marruecos, país clave para España en ámbitos como el comercio, la energía y la lucha antiterrorista.
