La funcionaria, destituida el 31 de julio, difundió datos internos de Interior que superaban en 9.000 la cifra oficial del Gobierno
El Gobierno ordenó excluir a la jefa de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de las reuniones estratégicas del organismo tras difundir que 49.000 inmigrantes accedieron a Ceuta el pasado 31 de julio, 9.000 más que la cifra oficial de 40.000 reconocida por el Ministerio del Interior. La funcionaria, adscrita al Ministerio de Defensa y en situación de Servicios Especiales, fue destituida ese mismo día por orden expresa del jefe de gabinete de Presidencia, Diego Rubio, quien transmitió la decisión a la general Loreto Gutiérrez Hurtado, máxima responsable del DSN.
La exclusión de la funcionaria se enmarca en una estrategia de control informativo impulsada desde Moncloa tras el nombramiento de Gutiérrez Hurtado al frente del DSN. Según fuentes del organismo citadas por Vozpópuli, la general aplicó las órdenes sin cuestionarlas, vetando a la responsable de comunicación de las reuniones semanales de coordinación con las Jefaturas de Unidad. La afectada, que aún no ha recibido notificación formal de su cese, habría actuado siguiendo protocolos internos al publicar los datos, obtenidos del área de comunicación del DSN y contrastados con fuentes del Ministerio del Interior.
El episodio revela tensiones internas en el DSN, organismo interministerial dependiente de Presidencia que coordina políticas de seguridad nacional. La funcionaria destituida, integrada en el departamento durante la dirección del general Miguel Ángel Ballesteros, destacó por implementar protocolos de transparencia que incluían la actualización constante de información, incluso durante periodos de descanso. Ballesteros, predecesor de Gutiérrez Hurtado, impulsó en 2021 un informe con 33 líneas de actuación específicas para Ceuta y Melilla que el Gobierno de Pedro Sánchez nunca aplicó, pese a contar con el aval de expertos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI.
Las fuentes consultadas señalan que la decisión de destituir a la funcionaria solo pudo partir del secretario de Estado de Interior o del ministro Fernando Grande-Marlaska. La funcionaria, según las mismas fuentes, nunca recibió instrucciones explícitas que le prohibieran difundir los datos internos que finalmente motivaron su cese.
La crisis migratoria de Ceuta, donde 49.000 personas irrumpieron desde Marruecos a través del paso fronterizo de Castillejos, expuso las discrepancias entre las cifras oficiales y los datos manejados por el DSN. Mientras el Gobierno mantuvo durante horas la cifra de 40.000 inmigrantes, la información publicada por la funcionaria destituida reflejaba una realidad que se vio sobradamente superada por la contumacia de los hechos reales.
