La Cancillería argentina recurre a la Ley 26.659 para vetar del régimen de incentivos fiscales RIGI a las compañías colaboradoras del proyecto Sea Lion
Cuarenta y cinco personas y empresas afrontan expedientes sancionadores tramitados por la Cancillería argentina debido a su vinculación con prospecciones petrolíferas en las islas Malvinas. La medida administrativa impulsada por el gabinete de Javier Milei persigue a los operadores que ejecutan tareas de exploración o extracción sin permiso estatal en la plataforma continental, extendiendo el cerco a las firmas de servicios auxiliares y proveedores logísticos.
El procedimiento responde a un decreto presidencial reciente que acelera las facultades de inspección del Estado y estipula canales directos a fin de que cualquier dependencia pública denuncie maniobras extractivas no autorizadas. Esta vía ejecutiva descansa sobre el marco de la Ley 26.659, aprobada en 2011, que fija penas administrativas e inhabilitaciones comerciales para aquellas corporaciones que operen en aguas cuya soberanía reclama Buenos Aires.
El antecedente del yacimiento Sea Lion y las sanciones previas
El foco de las autoridades recae sobre el entramado comercial del proyecto Sea Lion, situado en la cuenca norte del archipiélago bajo control administrativo británico. Dicho desarrollo energético cuenta con un calendario de explotación que fijó a finales de 2025 su decisión final de inversión, con la meta operativa de comenzar a extraer crudo en marzo de 2028.
La aplicación de esta normativa ya cuenta con resoluciones sancionadoras firmes dictadas en etapas anteriores. Las autoridades argentinas inhabilitaron por un plazo de veinte años a la empresa británica Rockhopper en 2013 y aplicaron ese mismo castigo a la israelí Navitas en 2022, ambas socias en el consorcio de Sea Lion, impidiéndoles formalizar negocios o licitaciones en territorio continental.
El veto al régimen RIGI como mecanismo de presión económica
La actual ofensiva legal añade una penalización económica adicional diseñada por el Ejecutivo argentino. Aquellas entidades que resulten sancionadas por cooperar en el área insular quedarán automáticamente excluidas del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el esquema normativo instaurado en 2024 para otorgar ventajas tributarias y aduaneras a proyectos estratégicos, incluidos los emprendimientos gasísticos y petrolíferos en el continente.
A través de este instrumento de exclusión, la Administración de Milei busca encarecer los costes corporativos de prestar asistencia técnica en el archipiélago, condicionando la entrada de capitales extranjeros en el sector energético nacional a su renuncia a operar en los espacios marítimos disputados con el Reino Unido.
El decreto, publicado el 12 de marzo, establece que las dependencias ministeriales deben notificar en 48 horas cualquier actividad extractiva que se realice en las Malvinas sin la autorización argentina. Esta disposición permite a la Cancillería y a los organismos de la Administración reaccionar de forma inmediata ante posibles infracciones, reforzando la capacidad de respuesta del Estado frente a la actividad petrolera en el archipiélago.
Fuente: El Debate (Internacional)
