El Senado aprueba por 86 votos una modificación constitucional que afecta a presidentes, gobernadores y al jefe de Gobierno de Ciudad de México, generando rechazo de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano
Claudia Sheinbaum logró el martes en el Senado mexicano la aprobación de una reforma constitucional que exige ser mexicano por nacimiento para aspirar a la Presidencia, gobernaturas o la jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La iniciativa, presentada por la presidenta el 30 de agosto y respaldada por 86 votos a favor —con 42 en contra—, elimina la posibilidad de que candidatos con doble nacionalidad accedan a estos cargos a partir de las elecciones de 2028.
La reforma modifica tres artículos de la Constitución para establecer que los aspirantes deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura y acreditar su extinción legal. Durante el ejercicio del cargo, tampoco podrán adquirir otra nacionalidad, usar pasaportes extranjeros ni ejercer derechos políticos vinculados a su ciudadanía adicional. El Congreso tendrá 90 días para adecuar las leyes de nacionalidad y electoral, mientras las 32 entidades federativas deberán armonizar sus constituciones en el mismo plazo.
La medida, impulsada por el partido Morena y sus aliados, argumenta que busca proteger la soberanía del país, aunque partidos como Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) la critican por restringir derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, especialmente de quienes emigraron o nacieron en el extranjero.
El debate refleja una tendencia regional: en Ecuador, Daniel Noboa (presidente desde 2023) y en Colombia, Abelardo de la Espriella (gobernador de Antioquia) también poseen la nacionalidad estadounidense, lo que ha generado cuestionamientos similares sobre posibles conflictos de interés.
El mecanismo legal: ¿Cómo se aplicará la reforma?
La reforma constitucional requiere ahora el aval de la mayoría de las 32 legislaturas estatales para su publicación oficial. Una vez aprobada, entrará en vigor para las elecciones de 2028, sin afectar a quienes ya ocupen cargos cuando entre en vigor. El plazo de 90 días para adecuar las leyes electorales y de nacionalidad es clave: si no se cumple, la reforma podría enfrentarse a impugnaciones legales.
El texto original de la iniciativa, aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre con 344 votos a favor, deja claro que la medida no prohíbe la doble nacionalidad en general, sino que crea una excepción para cargos públicos de alto nivel. Sin embargo, los opositores señalan que la redacción actual podría interpretarse como una discriminación hacia mexicanos con raíces en otros países, como Estados Unidos o Canadá.
Sheinbaum evita dudas sobre doble nacionalidad al postularse 2024
Para Morena, la reforma es una victoria simbólica que refuerza el discurso de soberanía, especialmente en un contexto de tensiones con Estados Unidos por temas migratorios. La presidenta Sheinbaum, quien aspira a ser candidata presidencial en 2024, evita así cualquier cuestionamiento sobre su posible doble nacionalidad (aunque no la tiene).
Los partidos opositores, en cambio, ven la medida como un ataque a la diversidad cultural de México. El PAN, por ejemplo, ha advertido que podría afectar a miles de mexicanos que viven en el extranjero y mantienen su nacionalidad original. El PRI, tradicionalmente pragmático, se opuso, pero sin proponer alternativas, lo que refleja su debilidad actual frente a Morena.
El caso mexicano se suma a una tendencia en América Latina, donde países como Ecuador y Colombia ya han debatido —o incluso aprobado— reformas similares para limitar la doble nacionalidad en cargos públicos. En Ecuador, la Constitución de 2008 ya prohíbe la doble nacionalidad para presidentes, aunque Noboa logró una excepción temporal. En Colombia, De la Espriella enfrenta críticas por su nacionalidad estadounidense, aunque hasta ahora no ha habido cambios legales.
La reforma mexicana, sin embargo, es más estricta: no solo exige renunciar a otra nacionalidad antes de postularse, sino que prohíbe incluso usar pasaportes o documentos extranjeros durante el ejercicio del cargo. Esto podría generar conflictos con tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que protege los derechos de los ciudadanos.
El plazo de 90 días para adecuar las leyes es crítico: si los congresos locales no actúan a tiempo, la reforma podría ser impugnada por grupos de derechos humanos o por la propia sociedad civil. La presión internacional también podría aumentar, especialmente si otros países latinoamericanos adoptan medidas similares.
Para los profesionales de la política y las relaciones institucionales, esta reforma plantea un escenario complejo: por un lado, refuerza el control sobre la nacionalidad de los líderes, pero por otro, podría alienar a comunidades mexicanas en el extranjero. La pregunta clave es si el beneficio en términos de soberanía supera el costo político de limitar los derechos de miles de ciudadanos.
