La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica pide una medida cautelarísima ante el silencio del Ministerio de Justicia a su requerimiento de marzo de 2023.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra el silencio del Ministerio de Justicia ante su petición de revisar y anular la instrucción de 25 de octubre de 2022, que regula la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
La entidad solicita con carácter urgente una medida cautelarísima que suspenda provisionalmente la aplicación de la instrucción mientras se tramita el procedimiento. El recurso sostiene que el objeto no es impugnar directamente la ley ni expedientes individuales, sino la falta de respuesta expresa del ministro a la solicitud de revisión dirigida personalmente al titular del departamento.
La demanda plantea una cuestión central de Derecho Administrativo: si una Dirección General puede desarrollar mediante una simple instrucción interna una materia que la propia ley encomienda al Gobierno. Según el escrito, la instrucción ha establecido modelos obligatorios, documentación, criterios interpretativos y reglas generales aplicadas por los registros civiles y consulados, funcionando materialmente como el verdadero reglamento ejecutivo de la disposición adicional octava.
La asociación presentó el 7 de noviembre de 2022 un escrito a la entonces ministra de Justicia solicitando la nulidad y suspensión de la instrucción. Tras una resolución del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia el 8 de diciembre de 2022, la entidad insistió el 16 de marzo de 2023 en que la ministra resolviera personalmente, sin obtener respuesta expresa, lo que ahora se somete al control de la Audiencia Nacional.
La solicitud cautelar se fundamenta en los artículos 129 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el procedimiento de especial urgencia del artículo 135, pidiendo incluso la habilitación de días inhábiles de agosto. La asociación invoca el riesgo de que una eventual sentencia estimatoria llegue cuando ya se hayan tramitado cientos de miles de expedientes, lo que generaría inseguridad jurídica tanto para la Administración como para los solicitantes.
Fuente: La Razón
