Diego Segovia y Sara Pérez, coportavoces locales, declararon como testigos tras denuncia de militantes por irregularidades en el censo electoral interno
Un juzgado de Alcorcón (Madrid) examina si abre una causa penal por presunto fraude en las primarias de Más Madrid, tras declarar como testigos los coportavoces locales del partido, Diego Segovia y Sara Pérez Ramos, el pasado jueves. La investigación surge de una denuncia presentada por cientos de militantes, que también derivó en un procedimiento civil paralelo para revisar la documentación del censo electoral interno.
El juez instructor indaga si existieron irregularidades en la verificación de la militancia, requisito para participar en las votaciones. Según fuentes jurídicas, el magistrado preguntó cómo se determina quién puede votar en las primarias y qué actos concretos podrían considerarse fraudulentos. Los denunciantes aseguran que el cuerpo electoral autonómico se redujo de más de 20.000 participantes en las primarias de 2023 a aproximadamente 1.000 en el plebiscito orgánico de 2026, una caída que califican de ilegal.
Más Madrid, liderado por Mónica García, enfrenta así dos frentes judiciales: el civil, donde una jueza ya solicitó documentación del censo, y el penal, que podría archivarse si no se hallan indicios suficientes. La formación, que gobierna la Comunidad de Madrid en coalición con el PSOE, no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones, pero el caso pone en riesgo su proceso interno de selección de candidatos para las próximas elecciones autonómicas y municipales.
El marco legal aplicable es la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, que regula la democracia interna de las formaciones, aunque no establece un procedimiento específico para primarias. La jurisprudencia exige que los procesos sean transparentes y accesibles a todos los militantes, pero deja margen a los partidos para definir sus normas internas. En casos similares, como el de Podemos en 2019, los tribunales anularon primarias por irregularidades en el censo, aunque sin consecuencias penales.
El caso de Alcorcón podría sentar un precedente para otros partidos con estructuras locales complejas, especialmente en formaciones de reciente creación o con modelos de militancia flexibles. La resolución del juez, prevista en las próximas semanas, determinará si el presunto fraude se limita a un conflicto interno o si trasciende a la vía penal, con posibles delitos de falsedad documental o cohecho electoral.
