El presidente de Melilla reclama protocolos claros para la Guardia Civil y acusa al Ejecutivo de «alta traición» por no anticipar la avalancha migratoria del 30 de julio
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado una reforma legal urgente para definir los protocolos de actuación en la frontera con Marruecos, tras los incidentes del 30 de julio en Ceuta, que calificó de «hecatombe». En una entrevista en Antena 3, Imbroda criticó la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las «devoluciones en caliente» y denunció la ausencia de directrices claras para la Guardia Civil durante la entrada masiva de migrantes.
Imbroda recordó que, durante las ocho horas en las que miles de personas cruzaron la frontera, «no había protocolo de actuación» y los agentes «no pudieron hacer nada». Aunque celebró el refuerzo de barreras y boyas neumáticas en el dique sur de Melilla como medida «paliativa», insistió en que el fallo del Supremo ha generado «efectos nocivos» que requieren una respuesta legislativa. El PP ya impulsó una proposición de ley para modificar la política de rechazos, pero el Gobierno no la ha tramitado.
El presidente melillense acusó al Ejecutivo de «incompetencia e inutilidad» por no anticipar la avalancha migratoria, sugiriendo que, de haberlo sabido y no actuar, habría incurrido en «alta traición». También responsabilizó a Marruecos por el fracaso en la gestión de su población joven, aunque centró sus críticas en la falta de previsión española. La entrada masiva en Ceuta, según Imbroda, debe marcar un «punto de inflexión» en la política migratoria.
La polémica se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de las fronteras españolas. La sentencia del Supremo de 2020, que declaró ilegales las devoluciones sumarias, obliga a las fuerzas de seguridad a seguir un procedimiento individualizado para cada migrante, lo que complica las respuestas en situaciones de presión masiva. Mientras, el Gobierno ha optado por medidas físicas, como las boyas en el Estrecho, para disuadir los cruces.
Imbroda, del PP, gobierna Melilla en minoría con el apoyo externo de Vox y Coalición por Melilla. Su postura refleja la tensión entre las comunidades autónomas fronterizas y el Gobierno central, que ha evitado hasta ahora modificar la ley para no contradecir los fallos judiciales. La falta de consenso político ha dejado a las fuerzas de seguridad en un limbo operativo, especialmente en Ceuta y Melilla, donde la presión migratoria es constante.
