El presidente de Melilla vincula la crisis migratoria con la falta de reciprocidad marroquí y critica la «pasividad activa» en julio
Juan José Imbroda, presidente de Melilla, ha acusado al Gobierno de España de obstaculizar durante años los viajes oficiales del rey Felipe VI a las ciudades autónomas, alegando que «es el Ejecutivo quien dispone» estas visitas. En una entrevista con Antena 3, Imbroda ha asegurado que el monarca «quiere viajar desde hace mucho tiempo», pero que la falta de desplazamientos reales —la última visita real data de 2007, con Juan Carlos I— ha contribuido a «disipar dudas» con Marruecos.
Imbroda ha vinculado directamente la crisis migratoria en Ceuta con la «falta de reciprocidad» de España hacia Marruecos. Según su análisis, la colaboración marroquí para evitar entradas masivas en Melilla durante las elecciones legislativas de este miércoles demuestra que «si Marruecos no quiere, no pasan». En cambio, el presidente melillense ha calificado como «pasividad activa» la gestión del Gobierno durante la crisis del 30 de julio, cuando miles de migrantes intentaron entrar en Ceuta, acusando a España de «incompetencia total» al no anticiparse a una operación que, según él, «se sabía perfectamente» que se preparaba.
El marco legal relevante es la Ley Orgánica 2/1986 de Derecho de Asilo y Refugio, que regula las competencias estatales en fronteras exteriores, pero Imbroda apela a un precedente político: la última visita real a Ceuta y Melilla ocurrió en 2007, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, ningún monarca ha pisado las ciudades, pese a ser territorios españoles con estatus especial de autonomía. La cuestión trasciende lo protocolario: la ausencia de figuras institucionales de alto nivel en estos enclaves —especialmente en momentos de tensión— ha sido criticada históricamente por partidos como Vox, que exige mayor presencia del Estado.
Lo que se juega Imbroda con estas declaraciones es reforzar su postura como voz crítica frente a la gestión centralizada de la crisis migratoria. Su partido, Coalición por Melilla (CpM), gobierna la ciudad autónoma en coalición con el PP, pero su discurso choca con el del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha atribuido la crisis a «maniobras de desestabilización» de Marruecos. La acusación de Imbroda —que el Ejecutivo «no ha autorizado» los viajes del Rey— podría escalar el debate hacia la Ley de la Casa Real, que regula los desplazamientos oficiales y suele ser un tema sensible para la monarquía.
El siguiente paso concreto depende de cómo reaccione el Gobierno. Si Imbroda insiste en atribuir la crisis a una supuesta «cesión» política, podría presionar para que el Rey visite las ciudades en un gesto simbólico, aunque fuentes del Palacio de la Zarzuela ya han matizado en el pasado que los viajes reales siguen criterios de «oportunidad y seguridad». Mientras, en Ceuta, el presidente José Ignacio Torres ha evitado pronunciarse públicamente sobre las declaraciones de Imbroda, pero su equipo trabaja en un plan de emergencia para evitar nuevos intentos de entrada masiva, especialmente tras los llamamientos en redes sociales vinculados a las elecciones marroquíes.
