El sindicato mayoritario rechaza un acuerdo salarial de 3.000 euros anuales y exige reducciones de ratios y más recursos para el catalán
Cataluña encara el inicio del curso escolar con una huelga docente indefinida que amenaza con extenderse durante meses. El sindicato Ustec, mayoritario en el sector, rechazó el acuerdo alcanzado por el Govern del PSC con CCOO y UGT, que incluía un aumento salarial de 3.000 euros anuales hasta 2029, y exige «avances estructurales» como la reducción de ratios, más recursos para la Escuela Inclusiva y la defensa del catalán como lengua vehicular. La consellera de Educación, Esther Niubó, no se reúne con el sindicato desde el 13 de julio, y su portavoz, Iolanda Segura, advirtió este lunes que el conflicto podría derivar en «una nueva oleada de paros» similares a los 17 convocados durante el curso pasado.
El conflicto docente se enmarca en una espiral de protestas sectoriales que ha debilitado la imagen del Ejecutivo de Salvador Illa como gestor estable. A las huelgas de profesores se suman las de maquinistas ferroviarios —tras el accidente de Gélida— y las del personal de landing en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde 6.000 maletas se perdieron y 270 vuelos fueron cancelados en las dos primeras semanas de agosto. En el ámbito cultural, las bibliotecas de Barcelona llevan en huelga indefinida desde marzo, con cierres intermitentes que han afectado al Plan Clima del alcalde Jaume Collboni, dejando uno de cada cuatro centros fuera de la red de «refugios climáticos» durante las olas de calor.
Ustec, alineado con postulados nacionalistas, vincula sus demandas a la defensa del modelo educativo catalán, lo que añade un componente político al conflicto. El sindicato denuncia que los trabajadores de bibliotecas, por ejemplo, llegan a trabajar 11 horas diarias y 18 días más al año que otros empleados públicos, exigiendo horarios «más razonables» y turnos mejor organizados. Para septiembre, han anunciado cierres totales en Barcelona el día 1 y en toda Cataluña el 18, lo que agravaría la crisis de servicios públicos en la comunidad.
El Govern, que afronta la recta final de la legislatura, ha visto cómo su estrategia de diálogo con sindicatos minoritarios ha dejado fuera a Ustec, cuyo peso en las aulas —especialmente en la enseñanza pública— complica cualquier solución a corto plazo. La consellera Niubó, además, arrastra críticas por los malos resultados en las pruebas PISA, lo que ha intensificado la presión sobre su gestión. Mientras, el PSC intenta evitar que el conflicto se convierta en un lastre electoral, aunque la acumulación de huelgas en sectores clave —educación, transporte y cultura— dibuja un otoño de alta tensión social.
El precedente inmediato es el curso 2025-2026, cuando las huelgas docentes paralizaron las escuelas catalanas en 17 ocasiones, generando un desgaste político que el Govern no ha logrado revertir. La falta de reuniones entre Niubó y Ustec desde julio sugiere que el Ejecutivo prioriza acuerdos con sindicatos más moderados, pero la radicalización de las protestas —con cierres totales anunciados— podría forzar un cambio de estrategia antes de las elecciones autonómicas previstas para 2027.
