Sílvia Paneque denuncia que la requisa de banderas independentistas no estaba ordenada y reclama responsabilidades
La consellera de Territorio y portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, ha condenado la agresión sufrida por un joven aficionado del FC Barcelona el pasado domingo en Elche, donde agentes de la Policía Nacional le arrebataron una estelada y, según las imágenes difundidas, emplearon fuerza física al resistirse. El incidente ocurrió antes del partido entre el Barça y el Elche en el estadio Martínez Valero, donde también se impidió el acceso a otros seguidores con banderas independentistas.
Paneque ha afirmado en rueda de prensa que el Govern recibió confirmación de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre la apertura de un proceso de investigación, pero negó que existiera no se había dado ninguna orden específica de requisa de banderas. «Si alguien por su cuenta decidió esta actuación, es lo que se tiene que investigar y qué responsabilidades se derivan», añadió. La portavoz recordó que la ley solo prohíbe símbolos que inciten a la violencia, no las esteladas, y defendió que «nos aseguran que no hubo instrucción directa» para actuar contra ellas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado la actuación policial al afirmar que «se ha hecho lo que corresponde» ante un posible «uso desproporcionado de la fuerza», aunque instó a esperar los resultados de la investigación iniciada de oficio. Marlaska subrayó que «cualquier actuación que se desvíe, aunque sea mínimamente, de los principios de proporcionalidad y legalidad tiene una respuesta inmediata en un Estado de derecho».
El caso ha generado reacciones en partidos independentistas: ERC y Junts han elevado quejas formales, mientras que el Govern catalán ha vinculado el incidente a la defensa de la libertad de expresión. La polémica se produce en un contexto de tensión recurrente por el uso de símbolos independentistas en eventos deportivos, donde la interpretación de la normativa sobre banderas en estadios ha sido objeto de disputas legales y políticas en los últimos años.
La delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, dependiente del Ministerio del Interior, es la encargada de supervisar la investigación, que determinará si hubo irregularidades en la actuación policial. Paneque insistió en que el Govern «defiende la libertad de expresión» y exigió claridad sobre las posibles responsabilidades individuales de los agentes implicados.
Fuente: La Vanguardia
