La formación de Puigdemont registra preguntas parlamentarias tras el incidente con un aficionado del Barça en Elche
Junts per Cataluña registrará este lunes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer la retirada de esteladas durante el partido entre el FC Barcelona y el Elche, celebrado el domingo en el estadio Martínez Valero de Elche. La formación independentista, liderada por Carles Puigdemont, cuestiona la base legal que permitió a los agentes intervenir y si el Ministerio del Interior considera infracción exhibir la bandera sin vinculación a actos violentos.
El incidente se produjo cuando un aficionado del Barça denunció haber sido objeto de «maltrato» por parte de las fuerzas de seguridad. Puigdemont, en un mensaje publicado en la red social X, calificó los hechos como un ejemplo de «odio estructural a la catalanidad», extendiendo la crítica a «altas instancias, jugadores de fútbol, jueces y periodistas». La formación independentista busca así situar el episodio en el marco de un debate más amplio sobre los límites de la libertad de expresión en espacios públicos.
El marco legal que regula la exhibición de símbolos en eventos deportivos se enmarca en la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta normativa faculta a las autoridades para retirar elementos que puedan alterar el orden público, aunque su aplicación en casos como el de las esteladas ha generado controversia en el pasado. En 2019, el Tribunal Constitucional avaló la prohibición de banderas independentistas en estadios si su exhibición se vinculaba a actos de protesta política, aunque no aclaró si el mero hecho de portarlas constituía una infracción.
La iniciativa de Junts llega en un contexto de tensión política entre el independentismo catalán y el Gobierno central. El partido, que mantiene una posición clave en la investidura de Pedro Sánchez, ha utilizado episodios similares para reforzar su discurso de persecución institucional. En este caso, la formación no solo reclama explicaciones sobre la actuación policial, sino que también busca forzar al Ejecutivo a posicionarse públicamente sobre si la estelada, como símbolo identitario, debe ser considerada un elemento disruptivo.
El Gobierno, por su parte, podría optar por derivar las preguntas al Ministerio del Interior, competente en materia de seguridad en eventos deportivos. La respuesta oficial, que deberá ser remitida en un plazo máximo de 20 días hábiles, podría reabrir el debate sobre los límites entre libertad de expresión y orden público, un tema recurrente en la relación entre el Estado y el independentismo catalán.
Fuente: ABC
