El Ejecutivo aplica medidas recíprocas tras la decisión de Meloni, mientras expertos critican el riesgo de normalizar restricciones en la UE
El Gobierno de España ha respondido a los controles reforzados impuestos por Italia a pasajeros procedentes del país con medidas recíprocas para viajeros italianos, una decisión que ha reabierto el debate sobre el futuro del espacio Schengen. La medida, confirmada por fuentes gubernamentales, afecta a puertos y aeropuertos españoles, donde se intensificarán los controles a ciudadanos italianos desde este mes de agosto.
La polémica surge tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni, que justificó los controles como respuesta a un supuesto aumento de llegadas irregulares desde España. Aunque el Ministerio del Interior español no ha detallado cifras concretas, la reciprocidad ha sido criticada por expertos en derecho europeo, que advierten de que legitima un precedente peligroso. Emilio José Gómez Ciriano, profesor de Derecho Internacional y socio de info Libre, señala que «el cumplimiento de los tratados no es opcional» y lamenta que España haya «caído en la trampa de jugar en el campo definido por el Gobierno italiano», donde priman «el nacionalismo rancio y el desprecio a los principios que inspiran Schengen».
El espacio Schengen, que garantiza la libre circulación en 26 países europeos, permite controles temporales en fronteras internas solo en casos excepcionales, como amenazas graves a la seguridad o el orden público. Sin embargo, la Comisión Europea no ha emitido ninguna recomendación en este sentido, lo que deja la decisión española en una zona legalmente gris. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya han alertado de que estas medidas podrían normalizar restricciones basadas en criterios políticos, no técnicos.
La reciprocidad también ha generado malestar entre sectores turísticos, especialmente en regiones como Baleares o Cataluña, donde el turismo italiano representa un 12% del total de visitantes extranjeros. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CHAT) ha pedido al Gobierno que aclare si los controles afectarán a los tiempos de espera en aeropuertos, donde ya se registran colas de hasta dos horas en temporada alta. Mientras, el Gobierno italiano no ha respondido oficialmente a la medida española, aunque fuentes del partido de Meloni, Hermanos de Italia, han celebrado la decisión como «un paso hacia la soberanía nacional».
El conflicto se enmarca en una tensión más amplia dentro de la UE, donde países como Hungría o Polonia ya han reintroducido controles fronterizos de forma unilateral. La Comisión Europea, que tiene potestad para autorizar o suspender estas medidas, ha evitado posicionarse públicamente, aunque su presidenta, Ursula von der Leyen, recordó en julio que «Schengen es uno de los mayores logros de Europa y no debe ponerse en riesgo por decisiones unilaterales».
Gómez Ciriano propone alternativas como «una solución más creativa, más europea e igualmente firme», aunque no detalla en qué consistiría. Mientras, el Gobierno español no ha anunciado si mantendrá los controles más allá de septiembre, cuando está previsto que la Comisión revise la situación. La medida, en cualquier caso, ya ha reavivado el debate sobre si la UE está priorizando la seguridad sobre la libre circulación, un equilibrio que define el futuro del proyecto europeo.
