Félix Bolaños acusa a Vox de «delito de odio» y al PP de permitir su agenda extremista en gobiernos autonómicos como Andalucía
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha actualizado este martes en Almería a 1.527 el número de menores llegados a Ceuta en la entrada masiva reciente y filiados por la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional. Bolaños ha definido como la prioridad absoluta del Ejecutivo central el reagrupamiento familiar de estos menores en Marruecos, en coordinación con las autoridades del país vecino.
Bolaños ha subrayado que España y Marruecos coinciden en la necesidad de que «todos y cada uno de los menores» regresen con sus familias. La ciudad autónoma de Ceuta, que ostenta la competencia en protección de menores, colabora con el Gobierno central para garantizar una acogida respetuosa con los derechos humanos y una atención primaria que proteja su interés superior. El ministro ha destacado que esta actuación se basa en principios de «humanidad», en contraste con la postura de gobiernos autonómicos donde participan PP y Vox, criticada durante su intervención.
El titular de Presidencia ha cargado contra Vox, al que ha tachado de «partido absolutamente extremista y ultraderechista». Bolaños ha calificado de «delito de odio» las declaraciones de algunos dirigentes de la formación sobre «cazar personas humanas» y ha denunciado su lenguaje «violento» como «absolutamente inaceptable» en democracia. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los partidos democráticos para evitar que formaciones con estas actitudes accedan a las instituciones.
El ministro ha dirigido su crítica directamente al PP, al que ha acusado de no cumplir con este deber y de permitir que Vox imponga su agenda extremista en gobiernos autonómicos compartidos. Bolaños ha citado expresamente el caso de la Junta de Andalucía como ejemplo de esta dinámica. La competencia en protección de menores corresponde a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, según el artículo 148.1.20ª de la Constitución Española, lo que sitúa a Ceuta como responsable directa de la gestión de estos casos.
La entrada masiva de menores a Ceuta se produce en un contexto de tensión diplomática entre España y Marruecos, tras la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas. El Gobierno central ha reforzado desde entonces la cooperación bilateral para evitar episodios similares, aunque las llegadas puntuales de menores no acompañados han persistido como un desafío recurrente para las autoridades locales y estatales.
