La Asociación de Fiscales alerta de 80.000 llegadas y un centenar de muertes en territorio español, con morgues colapsadas y procesos de identificación complejos
La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera judicial, ha reclamado este viernes a la fiscal general del Estado, Teresa Pera mato, un «compromiso sostenido de refuerzo» de efectivos en Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria, que califican de «situación absolutamente excepcional» y sin precedentes recientes en la ciudad autónoma.
En una nota de prensa, la asociación valora el nombramiento de tres fiscales sustitutos y personal de refuerzo autorizado por la Fiscalía General del Estado, pero advierte de que estas medidas «resultarán insuficientes» ante la magnitud de la crisis. Según los fiscales, entre 70.000 y 80.000 personas han llegado a Ceuta en los últimos días, muchas de las cuales permanecen en el territorio sin cauces ordinarios para su gestión. La presión migratoria, señalan, ha generado una «tragedia humana» con cerca de un centenar de muertes en suelo español, lo que ha colapsado las morgues locales y complicado los procesos de identificación de víctimas.
La Fiscalía de Área de Ceuta asume competencias clave en la tramitación de repatriaciones de menores, la protección de los ya internados en centros y la investigación de delitos vinculados al desorden generado. Los fiscales denuncian una «multiplicación exponencial» de su carga de trabajo, con guardias y labores de identificación de víctimas desarrolladas «en condiciones de extraordinaria dificultad y sobrecarga». La asociación exige que los refuerzos se mantengan en el tiempo y se acompañen de «medios generales que la situación exige».
El marco legal español obliga a la Fiscalía a garantizar la protección de menores no acompañados, un colectivo que, según la nota, se ha incrementado con los recientes llegados. La crisis ha agravado además la situación de los centros de internamiento, ya saturados antes de la avalancha migratoria. La Fiscalía General del Estado, dirigida por Pera mato desde febrero de 2023, tiene entre sus competencias la coordinación de las fiscalías territoriales y la adopción de medidas excepcionales en situaciones de emergencia.
La petición de la Asociación de Fiscales se produce en un contexto de tensión política por la gestión de la crisis. El Gobierno central ha desplegado efectivos de la UME y la Policía Nacional para controlar la frontera, mientras partidos como Vox y el PP han exigido medidas más contundentes, incluyendo el cierre de pasos fronterizos. La ciudad autónoma, con una población de unos 83.000 habitantes, carece de infraestructuras para gestionar un flujo migratorio de esta escala, lo que ha llevado a las autoridades locales a solicitar ayuda adicional al Estado.
