Bélgica se abstiene y el resto de Estados apoya la norma, que da cobertura legal a los centros de retorno y acelera las devoluciones
Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, lideró la postura española en la reunión del Consejo de la UE celebrada este jueves en Luxemburgo, donde España fue el único país en votar en contra del nuevo reglamento de retorno de migrantes. El Gobierno español argumentó que la norma no incluye «medidas para hacer frente a circunstancias excepcionales» como la crisis de Ceuta en mayo de 2026,.
El reglamento, aprobado con el apoyo de la mayoría de los Estados, permite acelerar los procedimientos de devolución de migrantes sin derecho a permanecer en la UE y da cobertura legal a los llamados return hubs, centros de retorno inspirados en los modelos impulsados por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni. España se opuso durante todo el proceso de negociación, alegando «serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas» en torno a estos centros, así como la «falta de proporcionalidad» de algunas medidas.
El Ejecutivo español insistió en que los «acontecimientos recientes» en Ceuta —que incluyeron entradas masivas y tumultuosas en la frontera— demostraron la necesidad de «mecanismos específicos» para gestionar estas situaciones.
Mientras España se mantiene en solitario en su postura, cinco países —Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos— ya están negociando la puesta en marcha de un primer centro de deportación. El ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt, destacó que estas iniciativas «quedan ahora blindadas legalmente» con el nuevo marco europeo.
Jim O’Callaghan, ministro de Justicia e Interior de Irlanda y presidente de turno del Consejo de la UE, subrayó que el reglamento «acelerará los procedimientos de retorno» y completará el Pacto de Migración y Asilo, respetando los derechos fundamentales. La abstención de Bélgica fue la única otra postura distinta al apoyo mayoritario.
El Gobierno español rechaza los return hubs y defiende acuerdos bilaterales
La crisis de Ceuta, sin embargo, expuso las limitaciones del sistema actual: sin mecanismos específicos para entradas masivas, la gestión se volvió caótica, con colas de miles de personas en condiciones insalubres y una respuesta policial criticada por su dureza.
El Gobierno español sostiene que el reglamento supone «la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno». Fuentes del Ministerio de Interior señalan que España prefiere negociar acuerdos bilaterales con países de origen o tránsito —como Marruecos— para facilitar devoluciones, en lugar de crear infraestructuras permanentes en suelo europeo.
La posición española en el reglamento europeo de retorno
La postura española en este reglamento tiene tres consecuencias inmediatas. España ha sido el único Estado que ha votado en contra del texto, que ha salido adelante con la abstención de Bélgica. En segundo lugar, refuerza la imagen de España como freno en la política migratoria comunitaria, una narrativa que partidos como el PP y Vox podrían explotar en el debate interno, especialmente en regiones con alta presión migratoria como Canarias o Melilla.
Países como Italia ya han anunciado su intención de replicar estos centros, lo que podría aumentar la presión sobre España para alinearse en el futuro, especialmente si se repiten crisis como la de Ceuta.
La próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales, prevista para el 15 de octubre, podría incluir un nuevo intento de negociar ajustes al reglamento. Hasta entonces, España mantiene su veto, pero la falta de apoyo en la UE deja poco margen para presionar.
