El texto, defendido por el ministro irlandés Jim O’Callaghan, autoriza centros de retorno en terceros países y prevé sanciones por no cooperar
La Unión Europea aprobó este jueves el Reglamento de Retornos con el único voto en contra de España y la abstención de Bélgica. El aval definitivo llegó en el Consejo de Ministros de Interior de la UE. La norma permitirá crear centros para migrantes que deban ser repatriados en terceros países, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria común.
El ministro de Interior de Irlanda, Jim O’Callaghan, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, defendió el texto. Según O’Callaghan, el reglamento acelerará los procedimientos de retorno de quienes no tienen derecho a quedarse en la UE y complementa el pacto migratorio y de asilo. El político irlandés sostuvo que la norma contribuirá a una implementación efectiva respetando los derechos fundamentales.
Centros de retorno en terceros países
El elemento central de la nueva legislación es la creación de centros de retorno en terceros países. Los Estados miembros podrán enviar allí a las personas sin derecho a permanecer en la UE que hayan recibido una decisión de retorno. Para ello hará falta un acuerdo o convenio con el tercer país en cuestión.
El Consejo precisó en un comunicado que cualquier acuerdo de este tipo solo podrá celebrarse con terceros países que respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional. Entre ellos figura el principio de no devolución. Ese principio prohíbe a cualquier país expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, libertad o seguridad corran grave peligro o exista riesgo de tortura.
Obligación de cooperar y sanciones
Las nuevas normas imponen a los nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la UE la obligación de abandonar el Estado miembro afectado y de cooperar con las autoridades. El incumplimiento de esa obligación de cooperar puede dar lugar a sanciones.
Esas sanciones incluyen la reducción de las prestaciones y asignaciones concedidas de conformidad con el derecho nacional. También la denegación de incentivos concedidos para promover el retorno voluntario, sanciones financieras o incluso sanciones penales, cuando estas estén previstas en la legislación nacional.
España, único voto en contra
El voto contrario de España la sitúa como el único Estado miembro que rechazó el texto en el Consejo. La abstención de Bélgica completó el mapa de posiciones. El reglamento recibió así el aval definitivo de la UE en la reunión de ministros de Interior.
