Los republicanos apoyan recuperar el solar de El Corte Inglés en Mataró pero denuncian veinte años de inacción municipal
Ezquerra Republicana de Mataró ha denunciado que el rescate del solar de Can Fàbregas y de Baralt esconde un coste público muy superior al anunciado tras sellar el acuerdo de recompra con El Corte Inglés. Aunque el grupo municipal votó a favor del pacto en el pleno para facultar al alcalde a cerrar la adquisición por responsabilidad con la ciudad, la formación acusa al gobierno municipal de haber dejado morir el proyecto comercial y ocultar el impacto económico global del proceso.
El balance de compromisos que decaen con la salida definitiva de la compañía comercial asciende a más de 21 millones de euros, según los cálculos detallados por los republicanos. Dicha suma incluye más de 2,3 millones de euros en obligaciones directas de urbanización y 2,86 millones en aportaciones patrimoniales. A estos importes se añaden la pérdida de un aparcamiento de seis plantas tasado en un mínimo de 10 millones y la supresión de un canon anual de 120.000 euros durante cincuenta años, lo que supone dejar de percibir unos seis millones de euros adicionales para las arcas de la localidad.
La formación republicana atribuye el desenlace a dos décadas de gestión urbanística lesiva que arrancaron con la promesa de implantar unos grandes almacenes en el centro urbano. Cuando la cadena de distribución decidió paralizar su desembarco, el consistorio disponía de un suelo adaptado a nivel normativo, pero el ejecutivo local descartó la búsqueda de operadores alternativos capaces de asumir la actuación. En la votación plenaria sobre la adquisición del terreno, únicamente la CUP optó por abstenerse, mientras el resto de grupos avaló la operación de cierre.
Más allá de las renuncias pactadas en el acuerdo transaccional, el grupo municipal exige conocer los fondos desembolsados durante estos veinte años por el Ayuntamiento y la empresa pública municipal Promocions Urbanísticas de Mataró SA (PUMSA). Esos desembolsos previos abarcan expropiaciones forzosas, compraventa de fincas, estudios técnicos, demoliciones y costes financieros derivados que todavía no han salido a la luz pública. El pleno municipal ya aprobó en septiembre de 2025 una resolución que obligaba a convocar una Junta de Portavoces extraordinaria con los servicios jurídicos y técnicos para detallar el historial judicial y financiero del caso, una sesión informativa que la oposición continúa reclamando.
