Masterman & Whitaker, antigua Círculo Belleza SL, acumuló pérdidas de 13.000 euros en 2025 sin empleados ni ingresos, según sus cuentas en el Registro Mercantil
La empresa Masterman & Whitaker, investigada por un presunto soborno de 500.000 euros vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cerró 2025 sin facturar un solo euro por segundo año consecutivo, según las cuentas anuales remitidas al Registro Mercantil. La sociedad, que en 2020 adquirió la firma de estética leonesa Círculo Belleza SL —de escaso valor—, registró pérdidas cercanas a los 13.000 euros y careció de empleados durante todo el ejercicio.
El juzgado de Madrid que investiga el caso centra su atención en esta empresa por su relación con Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Según la investigación, González Amador habría pagado medio millón de euros a Gloria Carrasco, esposa de Camino, por la compra de Círculo Belleza SL, operación que carecía de justificación económica aparente. Quirón Prevención, principal cliente de la consultora de González Amador, habría facilitado contratos millonarios a la pareja de la presidenta madrileña.
La inactividad financiera de Masterman & Whitaker coincide con el desarrollo de la investigación judicial, que aún no ha concluido. La empresa, sin embargo, mantiene su estructura legal activa, lo que permite su continuidad en el proceso. El caso, que salpica a uno de los gobiernos autonómicos con mayor peso político, ha reavivado el debate sobre los conflictos de interés en la contratación pública y la transparencia en las relaciones entre el sector privado y las administraciones.
El origen de la polémica se remonta a 2020, cuando González Amador y Ayuso adquirieron Círculo Belleza SL por un precio muy superior a su valor real. La operación, realizada a través de una sociedad interpuesta, levantó sospechas por la falta de actividad posterior de la empresa y su posterior transformación en Masterman & Whitaker. La investigación judicial busca determinar si el pago a Carrasco constituyó un soborno encubierto para garantizar contratos con Quirón Prevención.
La presidenta Ayuso no ha sido imputada en el caso, pero su entorno cercano sigue bajo escrutinio. El Gobierno madrileño, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre el asunto, limitándose a recordar que la investigación está en curso y que corresponde a la justicia determinar responsabilidades. Mientras, la oposición en la Asamblea de Madrid ha exigido explicaciones sobre los vínculos entre González Amador y las empresas implicadas.
