La Fiscalía pide hasta 6 años de cárcel para el teniente coronel, acusado de comprar información de Asuntos Internos para proteger a un narcotraficante
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado este martes los últimos recursos de David Oliva, teniente coronel de la Guardia Civil, y dos de sus colaboradores en la causa por cohecho y revelación de secretos. La resolución es firme y los aboca a un juicio ante un tribunal del jurado, cuya fecha aún no está fijada.
Oliva, antiguo responsable del dispositivo OCON-Sur —desmantelado en 2022 por el Ministerio del Interior—, enfrenta una acusación de la Fiscalía que solicita 6 años y medio de prisión por haber sobornado a un guardia civil de Asuntos Internos para que le facilitara información sobre una investigación que lo vinculaba a un clan narcotraficante de Cádiz. A cambio, Oliva logró que el agente fuera destinado a su unidad en El Estrecho, donde el filtrador accedió a un pendrive con datos confidenciales.
El dispositivo OCON-Sur, creado en 2018 para combatir el narcotráfico en la zona, logró 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga en cuatro años. Sin embargo, su disolución en 2022 coincidió con la imputación de Oliva, lo que alimentó sospechas de que Interior actuó para eliminar un foco de corrupción. La defensa de los acusados argumentó un presunto montaje policial, pero el TSJM desestimó esta teoría al considerar que el informe de Asuntos Internos —que respaldaba la investigación— no dependía de pruebas viciadas.
El dispositivo estaba compuesto por 150 agentes que habían tenido una dedicación exclusiva y mayores retribuciones que el resto de la Guardia Civil, lo que generó un debate interno sobre la sostenibilidad del modelo. En octubre de 2018, Interior devolvió la lucha antidroga a las comandancias de la Guardia Civil y disolvió el dispositivo especial, decisión que se mantuvo en secreto hasta que la imputación de Oliva en abril de 2023 reveló que el ministro había sido advertido de la investigación en marcha y decidió poner fin al dispositivo para evitar una posible filtración de información.
Los tres imputados —Oliva, un teniente y el agente filtrador— podrían ser condenados a penas de 3 a 6 años, según la Fiscalía. El juicio se enmarca en un caso que expuso las tensiones entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, con acusaciones cruzadas de obstrucción. Mientras, el Ministerio del Interior aún no ha aclarado públicamente su papel en la disolución de OCON-Sur, pese a que fuentes internas vincularon la decisión a las advertencias sobre Oliva recibidas en 2021.
