Un informe de 1993 ya señalaba la falta de prevención, la deficiente coordinación y el abandono rural como causas, y en 1995 se constató que los avances eran insuficientes.
El Senado aprobó hace 33 años un informe que atribuía los incendios forestales a la falta de prevención, la deficiente coordinación administrativa y el abandono del medio rural, problemas que hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vincula principalmente a la emergencia climática.
El documento, elaborado por una ponencia específica de la Cámara Alta, se remonta a 1993. Dos años después, en 1995, el Senado volvió a examinar el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones y concluyó que era necesario insistir en mejorar la eficacia y la coordinación de las políticas de prevención, lo que evidenciaba que el Parlamento consideraba insuficientes los avances.
Durante las comparecencias, responsables del entonces ICONA defendían que el abandono rural había favorecido la acumulación de combustible vegetal en los montes y reclamaban políticas de desarrollo rural para fijar población y recuperar la gestión forestal tradicional. También advertían del creciente uso recreativo del monte por población urbana sin el conocimiento del entorno.
El entonces secretario de Estado de Administración Militar sostuvo que en España se había primado «en exceso» la fase de extinción frente a la vigilancia preventiva, y el director general del ICONA advirtió de que aumentar indefinidamente los medios aéreos no solucionaría el problema si no se actuaba con mayor intensidad en la fase preventiva, ya que el incremento de incendios estaba vinculado mayoritariamente a la acción humana.
El debate actual reproduce esas mismas cuestiones, pero con el eje desplazado hacia la emergencia climática, convertida por el Ejecutivo en el principal argumento para explicar la intensidad y frecuencia de los grandes incendios de este verano.
Fuente: Vozpópuli
