La iniciativa parlamentaria reclama alargar el espigón del Tarajal, reformas legales y un fondo de 650 millones de euros
Una batería de medidas frente a la crisis migratoria de Ceuta llegará al Pleno del Congreso la próxima semana a iniciativa del Partido Popular. La propuesta incluye la ampliación física del espigón del Tarayal, el despliegue permanente de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y el refuerzo de funcionarios para agilizar las expulsiones de las personas que accedieron a nado durante las jornadas del 30 y 31 de julio.
El texto articula la respuesta en cuatro ejes centrados en infraestructuras, recursos humanos, tecnología y modificaciones legislativas. En el ámbito normativo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo plantea modificar la Ley de Extranjería para aplicar el régimen de rechazo en frontera a las llegadas por vía marítima. Asimismo, los populares reclaman reformar la Ley de Asilo para impedir que el acceso irregular por la fuerza active el procedimiento ordinario reservado a las solicitudes formales.
La iniciativa insta al Ejecutivo central a movilizar los mecanismos de retorno y a demandar la intervención de Frontex mediante unidades de acción rápida y sistemas de triaje para la identificación en frontera. Sobre este punto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó recientemente en sede parlamentaria la petición formal para contar con presencia permanente de dicha agencia europea en el puerto y en el espigón ceutí, un expediente que Bruselas mantiene bajo análisis a la espera de precisiones técnicas.
En materia de seguridad interna y relaciones exteriores, la proposición coincide con resoluciones ya adoptadas por la administración central, como la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional y la designación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como autoridad funcional encargada de coordinar las actuaciones. Respecto a Marruecos, el documento demanda exigir un marco bilateral basado en la reciprocidad que rechace cualquier tipo de presión sobre la soberanía de las ciudades autónomas.
El plan culmina con una vertiente económica que solicita al menos 650 millones de euros entre 2027 y 2032 destinados a Ceuta y Melilla. Esta partida se articularía a través de una Ley de Régimen Especial dotada con incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social de entre el 50% y el 75% para las actividades productivas locales.
